En la COP30 en Belém, los pueblos indígenas han dejado claro que no llegan como invitados simbólicos, sino como actores indispensables para enfrentar la crisis climática. Sus exigencias: protección de sus territorios, freno a actividades extractivas, acceso directo a financiamiento climático y participación efectiva en las decisiones globales. Sostienen que sin justicia territorial no habrá justicia climática.
Sin embargo, la brecha entre discurso y práctica es evidente. Aunque los organizadores anunciaron que esta sería “la COP de los pueblos indígenas”, la realidad es que solo una fracción de delegados indígenas accede a espacios donde se negocian los acuerdos vinculantes, mientras su presencia se concentra en eventos paralelos y ceremoniales. La respuesta estatal ante sus movilizaciones evidencia un trato discriminatorio, marginal y represivo.
Los compromisos anunciados por gobiernos y agencias internacionales siguen sin mecanismos claros ni garantías de implementación. Por ello, los pueblos indígenas recuerdan que no buscan ser consultados, sino cogobernar las soluciones climáticas desde sus saberes y su relación ancestral con la naturaleza.
La verdadera transformación ocurrirá cuando sus demandas se cumplan en cada territorio. Solo entonces el mundo podrá afirmar que lucha contra el cambio climático con justicia y coherencia. (O)
