Cuando se inicia el año, y que generalmente se inician también las temporadas futboleras en la mayor parte de países, estas van precedidas de una verdadera feria de contratos a nivel futbolístico: cambios de entrenadores, pases de jugadores, nuevos auspiciantes, etc. Y los pases, a su vez, cuentan con su propio ritual, el cual incluye, a más de las cláusulas contractuales, un chequeo médico riguroso, dependiendo de la calidad local o internacional del crack contratado, chequeo que busca, mediante el examen físico profesional y los estudios de imagen pertinentes, detectar lesiones osteo-musculares o articulares, que vayan a poner en riesgo, en el futuro mediato o inmediato, las millonarias inversiones realizadas.

Me he puesto a pensar entonces que sería de suma utilidad el realizar chequeos médicos periódicos a todos los abogados de libre ejercicio, medio parecido a lo que sucede con la revisión vehicular, pues se reportan, con inusitada frecuencia, audiencias judiciales suspendidas porque los abogados defensores no han asistido a la misma y han presentado “certificados médicos”. Claro que no se trata de que todos los abogados sean “enfermizos” ni de que todos los médicos extiendan certificados falsetas, pero sería preferible contar, para el objetivo que perseguimos como sociedad, con abogados rozagantes y sobre todo, “sanitos” y con su respectivo informe de revisión, un porsiacaso.

Lo peor del caso es que, generalmente se trata de certificados truchos que lo único que persiguen es dilatar el proceso, y los jueces lo saben de memoria, sin embargo, no existe, que yo sepa, una reglamentación que controle la emisión de este tipo de certificaciones fraudulentas. No hay un mecanismo que establezca, desde un nivel superior, la constatación de la legitimidad de las certificaciones médicas y severas sanciones para quienes las incumplan. Un certificado médico inmoral y no verificado puede, lamentablemente, cambiar el rumbo de un proceso judicial y aumentar la lista de los beneficiados por la impunidad. Levantemos nuestra voz y apostemos por aquellos juristas que honran su profesión y conocen perfectamente sus límites éticos. (O)