En Ecuador, la “fiebre del oro” y, en menor medida, de otros metales ya no puede leerse solo como un ciclo de precios internacionales: se ha convertido en un problema de seguridad económica, porque conecta extracción ilegal, economías criminales y debilidades regulatorias. El síntoma más alarmante es la brecha entre producción verificable y exportaciones: mientras la información oficial de producción artesanal y de pequeña escala es limitada y difícil de auditar, las exportaciones de oro han mostrado incrementos marcados en los últimos años, abriendo espacio a la “legalización” de mineral de origen dudoso.

Cuando el oro se vuelve “moneda” para economías ilegales, el lavado de activos encuentra una ruta: compras opacas, empresas pantalla, facturación manipulada y exportaciones que aparentan legalidad. El problema no es solo penal; es fiscal. La evasión de impuestos y regalías prospera si el Estado no puede verificar trazabilidad, costos reales y beneficiarios finales. Los propios boletines del BCE muestran que, en periodos recientes, las exportaciones de oro y cobre se miden en centenas de miles de toneladas y cientos de millones de dólares por trimestre (p. ej., 261 mil toneladas y USD 555 millones en julio–septiembre de 2024), magnitudes que exigen controles robustos.

La geografía del fenómeno ayuda a entenderlo. Los focos se concentran en la Amazonía (Napo, Orellana, Zamora Chinchipe, Morona Santiago), pero también aparecen nodos en el norte fronterizo (Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos) y en corredores andinos como Imbabura (caso Buenos Aires), además de provincias del sur con tradición minera. En estos territorios, la minería ilegal no opera aislada: organizaciones criminales han encontrado en el oro una renta menos riesgosa que la droga, con capacidad de control territorial, extorsión y reinversión de capitales ilícitos. (O)