No han pasado siquiera dos meses desde que los pueblos de Sígsig, Gualaceo y Chordeleg se abrazaron en una causa común: defender la vida y el medio ambiente. Aquella jornada histórica del 26 de enero fue, como entonces la llamamos, “El turbulento parto de un nuevo cauce”: el nacimiento de una conciencia colectiva que, tras años de abusos mineros, parecía encaminarse hacia un orden distinto, uno donde la vida humana y el ecosistema, entre ellos el río Santa Bárbara, merecieran finalmente respeto.

Lo que ayer fue hermandad hoy amenaza con convertirse en agravio. Aquella unidad celebrada dentro y fuera de la provincia comienza a resquebrajarse por la presión de intereses particulares: empresas de transporte que, llamadas a servir al ciudadano, han terminado sirviéndose del ciudadano y de la paciencia pública.

Las disputas entre transportistas han alcanzado niveles que harían ruborizar a más de un pendenciero. Gualaceo y Cuenca se transformaron en cuadriláteros de boxeo sin guantes, donde las barras alentaban como si se tratara de un torneo de barrio. Todo ello bajo la mirada contemplativa de los gendarmes, que parecían desempeñar el papel de árbitros distraídos.

El conflicto se alimenta de la vieja y conocida disputa entre la libertad de trabajo y la defensa de la territorialidad. Unos alegan el derecho de operar como lo han hecho durante 75; otros invocan la potestad de monopolizar el transporte desde su lugar de origen. En medio de esta pugna, el ciudadano queda reducido a simple espectador de una riña ajena.

Desde la comodidad de sus poltronas, las autoridades de la ANT contemplan el desorden con la serenidad de quien observa una tormenta desde el balcón. Su intervención ha sido tan oportuna como el paraguas que aparece después del aguacero. Y, como si no bastara, algunos subalternos parecen haber confundido la neutralidad institucional con el noble arte de la parcialidad.

Este engorroso asunto debe resolverse en las instancias competentes, con serenidad y sentido de responsabilidad. Los choferes de uno y otro bando en disputa tienen intereses que defender, pero el pueblo tiene un derecho mayor: recibir un buen servicio y no ser simple espectador de sus disputas.

En medio de esta comedia, uno de los alcaldes eligió la prudencia: diálogo y respeto a las decisiones judiciales. El otro, con las mismas ínfulas del burgomaestre de la metrópoli, optó por el ruido y el desplante, también ensayando su campaña de reelección.

¡Ojalá que la histórica lección de unidad que se dio al país no termine sepultada, tan pronto, bajo la mezquindad de intereses menores! (O)