Análisis político

El incumplimiento de la orden judicial dada por una jueza constitucional, para que el Ministerio de Trabajo deje sin efecto el documento sobre un supuesto impedimento legal para que la vocal del Consejo de la Judicatura, Alexandra Villacís, asuma la presidencia de este organismo, conlleva una nueva violación al orden legal que se supone debería regir en un Estado de derecho y en un régimen democrático.

Lamentablemente en la pugna por tener el control del Consejo de la Judicatura, y como sucedía en Gobiernos a los que antes se criticaba, hoy nuevamente se utilizaría cualquier argucia o se inventaría cualquier cosa para impedir que personas no dependientes del Gobierno, y que están amparadas por la Ley, pueden acceder al cargo que les corresponde. En este caso, se inventaría una supuesta deuda con el SRI para declarar, por parte del Ministerio de Trabajo, la supuesta inhabilidad para que Villacís asuma el cargo al frente del Consejo de la Judicatura; situación que, legalmente, al probarse que no era real determinó la orden judicial que ha sido incumplida (esto a pesar que se dio el plazo de 24 horas para su cumplimiento).

En este incumplimiento también tendrían responsabilidad los actuales vocales del Consejo de la Judicatura, al no posesionar a Villacís como su presidenta; y, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al insistir en la solicitud al Presidente de la Corte Nacional de justicia para que envíe una terna para la designación de un nuevo Presidente(a) de la Judicatura.

Se tratarían de incumplimientos preocupantes, pues el Ejecutivo y las otras instancias del poder público estatal deberían más bien, en todas sus actuaciones, dar el ejemplo de cumplimiento de la Constitución y las otras normas del orden jurídico; sobre todo cuando, desde el discurso gubernamental, siempre se ha dicho que “nadie está por encima de la Ley”. En este sentido, si el poder político empieza a ejercerse al margen de la Ley, ya no estaríamos hablando de un poder democrático sino autoritario.

En el caso que nos ocupa, además, si es que la Ley efectivamente sería para todos habría que recordar que estaríamos ante el “incumplimiento de orden legítima de autoridad competente”, con las consecuencias que esto debería tener. (O)