Cuba, entre la utopía y la incertidumbre, entra en un estado de fatiga crónica. Ningún sistema sobrevive a su propia obsolescencia; la crisis política derivó en un colapso irreversible tras décadas de abandono. La isla se encuentra en una «terapia intensiva» que exige soluciones sin ideologías.

Para reconstruir una infraestructura colapsada, algunos análisis estiman que podrían requerirse hasta 200 mil millones de dólares en 20 años, cifra basada en comparaciones con la reconstrucción de Irak tras el 2003 y la de Puerto Rico después del huracán María.

El reto es grande: sustituir el obsoleto parque termoeléctrico requiere unos 25 mil millones; modernizar la red vial y los sistemas hídricos, otros 20 mil millones; y disminuir la dependencia alimentaria (hoy del 80%) implicaría mecanizar el campo y reactivar la agroindustria con una inversión inicial de 8 mil millones. A esto se suma el envejecimiento de la población y la escasez de profesionales jóvenes.

Sin embargo, el dinero es solo una pieza de este rompecabezas. No hay una banca moderna, un sistema judicial independiente ni garantías para la inversión privada. Sin estas bases, cualquier entrada masiva de divisas podría generar inflación descontrolada o corrupción.

¿Es viable? El escenario de una transición pactada con sectores hoy influyentes, bajo la presión de la administración Trump, sugiere que el pragmatismo podría imponerse al dogma. Esa dinámica impulsaría a otros actores como la Unión Europea, hoy cautelosa, a reevaluar su papel en este proceso. Los primeros años deberían enfocarse en atender la crisis social y en una reforma constitucional. Quizá, tras una década de modernización institucional y respeto al Estado de derecho, Cuba logre estabilidad, y no solo supervivencia. (O)