Comenzó hace 8 años. Una persecución implacable a los religiosos católicos en Nicaragua ha sido la constante de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.  Son 309 los expulsados o forzados al exilio, entre ellos cuatro obispos, 140 sacerdotes y 99 religiosas. Por tercer año consecutivo, se prohibió las procesiones, los actos por el domingo de ramos, obras de teatro y demás ritos de la semana mayor, quedando los fieles prácticamente encerrados en las iglesias.

Una fuerza inusitada de policías, cerca de 14.000 según fuentes confiables, rodearon los templos, generando escenas de incertidumbre y temor en los devotos.

Las restricciones son muy fuertes en las nueve jurisdicciones eclesiásticas nicaragüenses, incluido la arquidiócesis de Managua. En Matagalpa el impacto es mayor luego de que en 2023 fue perseguido y procesado el obispo Rolando Alvarez, quien se encuentra exiliado. Con toda esta incertidumbre brutal, y hasta por miedo a perder la vida, el 70% del clero ha abandonado el país.

Según NTN24, 1650 iglesias y entidades religiosas se cerraron; se suspendieron 3176 eventos hasta el 2025; para el 2026 se anuncian 5726 actos cancelados. 

Mientras las voces de los exiliados no paran de denunciar la persecución, la posición tibia de El Vaticano no alcanza para terminar con esta aberración. No obstante, la Comisión de Estados Unidos sobre la libertad religiosa internacional ha calificado las condiciones en Nicaragua como “abismales”, lo cual ha convertido al país de especial preocupación.

Nicaragua es una nación con una tradición religiosa inmensa. El clero y sus fieles han actuado para condenar las inmensas desigualdades sociales, y los abusos notorios en la dictadura de Ortega y Murillo. 

Entre los 60’s y los 80’s con el advenimiento de la Teología de la liberación, con Ernesto Cardenal como uno de sus primeros referentes, la iglesia católica nicaragüense tuvo gran incidencia en la política.

La historia religiosa de los “nicas” se nutre con el recuerdo del cardenal Miguel Obando y Bravo, cuando participó como mediador entre el gobierno del “tacho” Somoza y los guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que llegaron al poder en julio de 1979.

Inclusive Obando y Bravo participó en el gobierno de Ortega en 1985, cuando entonces un gran porcentaje de la población creía en el mandato del FSLN, y la libertad religiosa era más bien un motivo de prestigio para el catolicismo centroamericano.

A partir de 2007, y luego de los gobiernos de doña Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán, y Enrique Bolaños, los nicaragüenses creyeron que el retorno de Ortega aliviaría a un país golpeado por la crisis económica y social. De esto ha pasado ya 19 años, y con todas las triquiñuelas de los dictadores, como las de forzar la justicia, apropiarse del congreso, controlar el ejército y la policía, con un país hundido en el fracaso, ahora persigue de forma brutal a los religiosos, sin existir un norte para que Ortega cambie de postura o más bien, deje el poder. (O)