El TLC entre Ecuador y Canadá se presenta como una puerta al comercio, pero en los territorios es una nueva llave para el extractivismo. Sus beneficios se anuncian en cifras de exportación; sus costos recaen sobre comunidades indígenas, campesinas, mujeres rurales y gobiernos locales que enfrentarán mayor presión sobre el agua, los páramos y la tierra.

El mayor riesgo está en la desigualdad de poder. Mientras las empresas contarían con mecanismos internacionales para proteger sus inversiones, los pueblos y nacionalidades seguirían dependiendo de consultas débiles o meramente formales, como ya nos pasó con Azuay libre de minería. Reconocer sus derechos en el tratado no basta si sus decisiones no son vinculantes y si defender el territorio continúa siendo criminalizado.

También los GAD podrían perder su capacidad para ordenar el suelo, proteger fuentes hídricas o priorizar compras locales, mientras asumen impactos de decisiones tomadas desde el Gobierno central.

Un TLC no es una política de desarrollo territorial. Aparenta abrir mercados pero en lo efectivo profundiza desigualdades. Antes de ratificarlo, Ecuador debe garantizar que la voz de los territorios sea escuchada, y Canadá debe considerar esta realidad, caso contrario será un colonizador y explotador más. (O)

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