El país demanda, con urgencia y de manera permanente, políticas que contribuyan a garantizar la seguridad en el Ecuador. La permisividad que se ha impuesto en el país para que terroristas y delincuentes desplieguen sus actividades, a lo largo y ancho del territorio, sin el debido control de la Policía y las Fuerzas Armadas, debe terminar. Es hora de aplicar controles más rigurosos.

Una de las experiencias más lamentables fue el cierre de la Base de Manta, que ejercía control en zonas que requerían una vigilancia permanente, debido al ingreso de estupefacientes y armas de todo tipo. La zona de Durán es una de las más convulsionadas y peligrosas del país, y hoy se han tomado medidas con el fin de evitar los homicidios que, a toda hora, allí se registran. Situaciones similares se viven en varias provincias de la Costa, que demandan un control permanente.

Se debe destacar la labor del Parlamento, donde un importante grupo de legisladores se ha propuesto adoptar una docena de medidas para combatir el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado, actividades que deben ser debidamente controladas y sancionadas en beneficio de la ciudadanía. Asimismo, las estrategias de seguridad de alcance internacional son motivo de alta preocupación para el Gobierno Nacional.

Es hora de que los distintos poderes del Estado asuman una labor conjunta y enérgica para garantizar la seguridad del país, especialmente en aquellas regiones de altísima peligrosidad.

El Ecuador requiere mano dura frente a la permisividad en el tráfico de estupefacientes y de todo tipo de armamento. Para ello, es necesario facultar a la Policía y a las Fuerzas Armadas para que, de forma conjunta, desarrollen acciones complementarias y subsidiarias en procura de proteger la seguridad nacional. (O)