En Cuenca se estima que hasta ayer unos 80 servidores públicos ya habían sido despedidos por la aplicación de la denominada Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo.
Así lo reveló Remigio Hurtado, presidente de la Comisión Nacional de Trabajadores Públicos (Conasep), quien calculó que en el país ya se había notificado a 3.500 servidores públicos y que hasta mañana se remitirán las 1.500 notificaciones restantes para completar las 5.000 anunciadas.
Si bien sus cifras son aproximadas, sabe que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Cuenca, se desvinculó a 20 personas, mientras que, en el hospital “Vicente Corral Moscoso”, a al menos 11, detalló.
Muchos empleados expusieron su malestar en redes sociales alegando que la medida es injusta porque no se ejecutaron los debidos procesos como evaluaciones y pruebas de rendimiento.
Por esta y otras razones, Edison Déleg, actual representante del Frente Unido de Trabajadores (FUT) del Azuay, convocó para hoy, a partir de las 16:30, a un plantón frente a la Gobernación del Azuay.
Para Déleg, manifestarse es vital sabiendo que la crisis laboral va a empeorar pues avizora unos 50.000 despidos en total. Y anticipó una marcha para el 7 de agosto a escala nacional.
El dirigente sindical considera que la ausencia de un informe de evaluaciones es injusta “no hay ley, el Gobierno hace lo que le da la gana. Lo que quiere es desmantelar el Estado y dar paso a la privatización”.
Por ejemplo, dijo Déleg, se busca empeorar la situación de los hospitales con falta de medicinas, médicos, infraestructura y poco presupuesto.
Acciones legales por despidos
Remigio Hurtado, presidente de la Comisión Nacional de Trabajadores Públicos (Conasep), adelantó que el 31 de julio presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Esta será presentada por cinco organizaciones de trabajadores del país. Luego, para el 16 de agosto, alistan una convención nacional de organizaciones defensoras de los trabajadores para analizar un posible ‘paro nacional’.
En tanto, la tarde de ayer, un grupo de mujeres protagonizó un plantón en el Parque Calderón y reclamaron por la serie de despidos y la eliminación de ministerios.
Expusieron su malestar señalando que “Ecuador vive un desmantelamiento institucional deliberado. Un golpe, ejecutado desde el poder, contra los derechos conquistados a nombre de la ‘eficiencia’ y con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)”.
En la marcha denunciaron la eliminación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el cierre de la Secretaría Técnica de Desnutrición Infantil, los despidos masivos de trabajadores públicos y lo que consideran como reformas regresivas al sistema de jubilación, por el aumento de la edad, reducción de beneficios y riesgo de privatización.
Ellas demandan restituir de forma inmediata el Ministerio de la Mujer y la Secretaría de Desnutrición Infantil; suspender los despidos masivos; detener la reforma a las pensiones, y, proteger la jubilación como derecho.
También pidieron hacer público el acuerdo firmado con el FMI, con sus condicionalidades y consecuencias, y, realizar una evaluación urgente del impacto en derechos humanos, con enfoque de género, territorio y generaciones.
Por otra parte, esperan que se garantice el derecho Constitucional a la resistencia.
Asambleístas reaccionan
De su parte, los asambleístas Roque Ordóñez y Gerardo Machado, mencionaron que las evaluaciones deben ser técnicas y basarse en la ley de funcionarios públicos.
Además, lamentaron que, si esta serie de despidos se dan por la tendencia política de una persona, “sería discriminatorio por parte del Gobierno”.
El Mercurio buscó las versiones de la vicepresidenta José María Pinto, quien visitó ayer la ciudad, pero suspendió el encuentro con los medios de comunicación; y, con Diego Matovelle, coordinador de Gobierno de la Zona 6, pero no se obtuvo respuesta.
Organizaciones y activistas organizaron acciones en el contexto de los despidos y la unificación de ministerios por parte del actual Gobierno.
Ellos se activaron desde el viernes anterior, a raíz del anuncio de la puesta en vigor de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo.
Esto desencadenó en 5.000 funcionarios públicos despedidos que, según el gobierno, no cumplían bien sus funciones.
Datos:
- En el marco de la aplicación de la Ley de Eficiencia del Estado, se prevé par inclusión de 5.000 plazas de trabajo para jóvenes.
- Hasta el año 2029, según denunciaron las organizaciones de trabajadores, se prevén unos 50.000 despidos en el sector público.
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