El prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, solicitó a través de un oficio a la ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, María Luisa Cruz, la nulidad de la licencia ambiental otorgada el 23 de junio de 2025 al proyecto minero Loma Larga para sus fases de explotación y beneficio.
La solicitud, que se envió el 10 de septiembre, se sustenta en un informe técnico de la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial que advierte «afectaciones graves a derechos de la naturaleza y de la ciudadanía».
Según el pronunciamiento técnico, el proyecto se ubica en el páramo de Quimsacocha —zona de recarga hídrica adyacente al Área Nacional de Recreación Quimsacocha, parte de la Reserva de Biosfera del Macizo del Cajas— y presentaría riesgos no evaluados de forma suficiente sobre el ciclo del agua.
El documento cuestiona, entre otros puntos, la ausencia de estudios robustos sobre la estabilidad del depósito de 5,5 millones de toneladas de relaves ante sismos y lluvias, y los posibles impactos irreversibles sobre la calidad y cantidad de agua para consumo humano y riego en Cuenca.
Para que se pueda revocar la licencia ambiental, el prefecto Lloret se refirió a los artículos 396, 397 y 398 de la Constitución —principio precautorio y tutela efectiva en materia ambiental—, así como disposiciones del Código Orgánico del Ambiente y del Código Orgánico Administrativo que permiten suspender, revocar o anular actos administrativos y ordenar medidas preventivas frente a riesgos ambientales.
En su petición, el Lloret solicitó declarar la nulidad de la licencia, revocar todos los actos del proceso de regularización ambiental y, mientras dure el trámite, disponer la suspensión total e inmediata de las actividades autorizadas. (I)
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