“Nadie ha podido desmentir la culpabilidad de los alcaldes que han sido detenidos”, afirmó el ministro del Interior, John Reimberg, al referirse a los procesos judiciales que involucran a varias autoridades locales. La expresión no constituye únicamente un exceso verbal. Invierte uno de los principios fundamentales del Estado de derecho: no corresponde al acusado desmentir su culpabilidad, sino al acusador demostrarla mediante evidencias dentro de un proceso judicial. Hasta que aquello ocurra y exista una sentencia ejecutoriada, toda persona debe ser considerada inocente. Mucho más cuidadosa debería ser, por tanto, la palabra de una autoridad que representa al Estado y participa en el relato público que acompaña a esas detenciones.
La presunción de inocencia obliga a que una investigación y un juicio se desarrollen bajo la premisa de que es quien acusa quien debe probar la validez de sus argumentos. Este principio adquiere todavía más importancia en una sociedad digital como la actual, donde la velocidad de Internet y la capacidad de amplificación de las redes sociales hacen que las sentencias se dicten primero en la corte de la opinión pública. Basta una acusación reiterada, una fotografía esposado o una declaración oficial para que la sospecha sea presentada como certeza.
En este entorno ya no se requieren pruebas, sino un relato con un arco narrativo lo suficientemente atractivo y creíble para imponerse. La verdad deja de depender de la evidencia y comienza a construirse mediante la repetición. Una versión se instala no porque haya sido demostrada, sino porque circula con mayor frecuencia, porque proviene de una voz investida de autoridad o porque consiguió conquistar el algoritmo. La presunción de inocencia es reemplazada entonces por una presunción de culpabilidad mediática: primero se condena y después se espera que el procesado consiga defenderse.
Las palabras de Reimberg, replicadas profusamente por el sistema mediático ecuatoriano y amplificadas en el espacio digital, muestran cómo el poder de una declaración oficial puede anticiparse al trabajo de los jueces. No se trata de impedir que se investigue ni de negar la gravedad de las acusaciones. Se trata de recordar que una democracia se distingue precisamente por la capacidad de investigar sin condenar de antemano. Los derechos políticos y la reputación de los ciudadanos no pueden quedar sometidos al relato del algoritmo sin que un juez haya tenido la oportunidad de decidir su culpabilidad o inocencia. (O)
@avilanieto
