La Alianza Nacional por la Salud (ANS), que agrupa a 38 organizaciones de pacientes, cuestionó la situación de la red pública de salud y exhortó al Gobierno Nacional adoptar medidas de fondo para resolver las deficiencias que afectan al sistema sanitario.

La organización alertó sobre los problemas de financiamiento, el desabastecimiento de medicamentos, los pagos a prestadores y las dificultades para garantizar la atención de personas con enfermedades crónicas, raras y catastróficas.

El pronunciamiento se realizó este 5 de agosto de 2026 en Cuenca durante la visita de representantes de la organización, que impulsa un acuerdo nacional bajo la consigna “Por el Derecho a la Salud”.

Gustavo Dávila, presidente de la ANS, afirmó que las falencias del sistema sanitario están plenamente identificadas, pero las autoridades no han resuelto las dificultades

“Todos saben que hay un diagnóstico, todos saben que hay necesidad, pero no hay soluciones completas de manera integral”, afirmó.

“No más soluciones parche, no más promesas incumplidas, no más dilatación de decisiones cuando está en juego la vida de los pacientes y el bienestar de sus familias», concluyó Dávila. (I)

Dávila también cuestionó que iniciativas como el Registro Único de Enfermedades Raras y los avances en materia de discapacidad orgánica se interrumpan cada vez que cambian las autoridades.

A su juicio, la política sanitaria debe sustentarse en criterios técnicos y humanitarios, con continuidad institucional, independientemente de quién dirija el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Presupuesto para medicamentos

Paulo Gárate, integrante de la ANS, aseguró que la crisis sanitaria no es ocasional, sino recurrente y estructural, y responde a la falta de recursos, los pagos pendientes a prestadores privados y las deficiencias en el abastecimiento de medicamentos.

Según el Plan Operativo Anual 2026 del MSP, este año se requieren 497,9 millones de dólares para la compra de medicamentos. Sin embargo, Gárate aseguró que el presupuesto asignado alcanza apenas los 202,9 millones, lo que representa una brecha del 59 %.

Para la ANS, este déficit evidencia la falta de planificación del sistema de salud y la necesidad de reemplazar las medidas reactivas por políticas preventivas.

“La hipertensión y la diabetes son, en la actualidad, enfermedades que agravan la condición de muchos pacientes, llevándolos a requerir tratamientos de diálisis”, afirmó.

Deuda con las dializadoras

Otro de los puntos expuestos fue la deuda del Estado con los centros privados que prestan servicios de diálisis a pacientes derivados del sistema público.

Gárate señaló que los centros de diálisis enfrentan una deuda superior a los 150 millones de dólares. “El año pasado, el Gobierno realizó un pago de 50 millones de dólares de los 200 millones que se adeudaban”.

El dirigente advirtió que algunos prestadores privados han expresado su intención de suspender la atención debido a la falta de pagos.

Ley de Diabetes y enfermedades crónicas

Gárate también se refirió al proyecto de Ley para la Atención Integral de la Diabetes, que se encuentra en debate en la Asamblea Nacional.

La organización plantea que el tratamiento de esta enfermedad y de otras patologías crónicas forme parte de una política pública de prevención. Es decir, no se limite a intervenir cuando la condición de los pacientes ya se ha agravado.

Por su parte, Dávila señaló que la ANS también espera avances en la normativa relacionada con el cáncer y la diabetes. En el caso de la Ley de Cáncer, indicó que confían en que su reglamento sea aprobado durante la primera semana de septiembre.

Qué propone la sociedad civil

La ANS plantea un acuerdo nacional que reúna al Ministerio de Salud Pública, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), organizaciones de pacientes, gremios médicos, academia y otros sectores vinculados al sector.

La propuesta busca establecer compromisos con responsables, plazos y mecanismos de seguimiento.

Entre sus principales pedidos consta transparentar el abastecimiento de medicamentos. Esto para conocer qué productos se adquieren, a qué patologías están destinados, en qué cantidades y por cuánto tiempo estarán disponibles.

La Alianza Nacional por la Salud puso a disposición la experiencia de especialistas en farmacología, derecho, medicina y otras áreas que integran las organizaciones de pacientes, con el propósito de contribuir al análisis y fortalecimiento de las decisiones en materia sanitaria.

Dávila señaló que dentro de las organizaciones que integran la alianza existen especialistas en farmacología, derecho, medicina y otras áreas que pueden aportar al análisis de las decisiones que adopte el Estado.

La ANS también cuestionó el proceso de adquisición de medicamentos provenientes de India y solicitó que se informe qué normativa cumplen, cuándo llegarán al país y bajo qué condiciones serán distribuidos.

El planteamiento de la alianza es que la sociedad civil participe en mesas de trabajo con las autoridades.

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