El cierre de la avenida Max Uhle, el despliegue de motobombas y ambulancias y la movilización de organismos de emergencia marcaron uno de los simulacros realizados ayer en Cuenca para evaluar la capacidad de respuesta ante sismos y los efectos del fenómeno de El Niño.
Alrededor de las 10:00, una alarma sonó en el interior del edificio de la Empresa Eléctrica Regional Centrosur. Empleados y trabajadores evacuaron las instalaciones y se dirigieron hacia uno de los parqueaderos, establecido como zona segura.
Bomberos, policías, agentes de tránsito y guardias ciudadanos participaron en el operativo. Según el libreto del ejercicio, algunas personas debían ser rescatadas y trasladadas a un lugar seguro, mientras los organismos de respuesta ejecutaban los procedimientos previstos para atender la emergencia.
Durante el simulacro, las salas de monitoreo del ECU 911 y del Consejo de Seguridad Ciudadana (CSC) supervisaron el desarrollo de las actividades y coordinaron las acciones necesarias para responder ante posibles incidentes.
De manera simultánea, se monitorearon otros ejercicios realizados en las parroquias rurales de Chaucha y Molleturo, zonas de Cuenca históricamente afectadas por los estragos del fenómeno de El Niño. También se desarrolló un simulacro en los cantones de Camilo Ponce Enríquez, ubicado en los límites entre las provincias de Azuay y El Oro, y en Girón debido a la presencia de constantes deslizamientos.
Necesidad de simulacros
Los simulacros se desarrollaron tras la declaratoria de alerta roja emitida por el Gobierno Nacional debido al fenómeno de El Niño. Esta medida motivó la activación de organismos como los comités de Operaciones y Emergencias (COE) Provincial del Azuay y Cantonal de Cuenca.
Los ejercicios permitieron evaluar el nivel de preparación y coordinación de las instituciones encargadas de atender posibles emergencias.
Sixto Heras, jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, informó que la institución dispone de 120 bomberos para atender eventuales emergencias en los sectores considerados de riesgo del cantón. De ellos, 40 participaron en el simulacro desarrollado en las instalaciones de Centrosur.
Un día antes de los ejercicios, la alcaldesa Marisol Peñaloza, quien preside el COE Cantonal de Cuenca, activó este organismo y lo declaró en sesión permanente. En esa jornada se establecieron 14 resoluciones, entre ellas la identificación de 31 alojamientos temporales que podrían ser utilizados en caso de emergencias relacionadas con El Niño.
La jornada contó con la presencia de Carolina Lozano, secretaria nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), quien informó que el Gobierno Nacional ha destinado 650 millones de dólares, a través de distintas carteras de Estado, para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño en el país. Sin embargo, no precisó qué monto de esos recursos corresponde a la provincia del Azuay.
La funcionaria aseguró que el Gobierno dispone de kits de asistencia humanitaria de primera respuesta, complementarios, de higiene, limpieza y para dormir. Además, solicitó conocer los avances de los planes de acción elaborados por las instituciones, con el propósito de revisar las actividades previstas y sus respectivos presupuestos, y coordinar el acompañamiento necesario.
Detenidos procesos de obras
En medio de los preparativos para enfrentar el fenómeno de El Niño, el Gobierno Provincial del Azuay expresó su preocupación por las observaciones realizadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), que han impedido avanzar, hasta ahora, con la contratación de insumos y obras valoradas en alrededor de 11 millones de dólares.
La prefecta Alexandra Quintanilla, quien preside el Comité de Operaciones y Emergencias (COE) Provincial del Azuay, señaló que entre los procesos pendientes están la contratación de maquinaria y la adquisición de materiales para construir muros y proteger puentes. A esto se suma la contratación de cinco puentes Bailey, cuyos procesos permanecen pendientes desde marzo.
“Necesitamos que nos permitan contratar ante una alerta roja y actuar frente a lo que debemos enfrentar”, manifestó Quintanilla.
Ante estas declaraciones, Carolina Lozano explicó que el Sercop no está impidiendo las contrataciones, sino que verifica que los procesos se ajusten a la normativa vigente.
“Si no se cumple con la normativa, con los procedimientos, no vamos a poder ejecutar absolutamente nada”, señaló. (I)
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