La liberación de delincuentes es una de las quejas más recurrentes de la ciudadanía, desencadenante, además, de la desconfianza en el sistema de justicia y de acusar a ciertos jueces y fiscales de corruptos o de tener relación con la delincuencia común y el crimen organizado.
La Policía, en muchos casos también ha criticado ese procedimiento.
No siempre se precisan las razones por las cuales los delincuentes, a pocas horas de ser detenidos salen libres y a seguir delinquiendo.
La ley contempla motivos para proceder de esa forma, tanto por parte de fiscales como de los jueces.
En estas últimas horas, el país no sale del asombro. En Guayaquil, dos antisociales secuestraron a una comerciante de nacionalidad china. Fueron capturados. No estuvieron presos ni 24 horas pese haber confesado el asesinato de su víctima, cuyo cadáver fue hallado junto a las de otras tres víctimas, asimismo comerciantes.
Aparentemente se negaron a pagar las extorsiones o “vacunas”.
A raíz de esa acción reprochable, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, polemizan. El uno defiende al juez. La otra al agente fiscal. Inimaginable.
Los delincuentes tienen antecedentes penales. La Policía les incautó el arma, y confesaron el crimen. Aun así recuperaron la libertad en función del gracioso proteccionismo penal del cual son parte las medidas sustitutivas.
Esas medidas, el trabajo cuestionable de ciertos jueces y fiscales, ¿dan luz verde a la delincuencia organizada para el cometimiento de sus crímenes?
Entre el lunes y martes fueron asesinadas más de diez personas solo en Guayaquil; pero la justicia mira a otro lado.
El crimen organizado gana terreno. El terrorismo se normaliza.; la sociedad, en desbandada. El Estado les enfrenta medio ciego, con leyes hasta medio prodelictivas, disfrazadas de derechos, y con jueces y fiscales de goma.
