El Gobierno debe aclararle al pueblo si es en serio su política de reducir el tamaño del Estado desvinculando a cinco mil funcionarios públicos.
Por lo pronto, ese número de desvinculaciones es insignificante. No representa nada en el presupuesto destinado al gasto corriente, inflado hasta lo inentendible.
Su objetivo, manifiesto por el propio presidente de la República, es dar la oportunidad a profesionales jóvenes.
Significa, entonces, que las vacantes dejadas por los despedidos, y despedidos sin sumarios administrativos de por medio, sin saber los motivos, serán llenadas por nuevos burócratas, solo por el hecho de creérselos comprometidos con el país.
Si es así, mal se puede hablar de una reducción del aparato burocrático, cuyo rol le cuesta al erario nacional USD 12.283 millones al año, cuando en 2006 fue de USD 3.161 millones.
Ya comienza a sospecharse la intención real: dar cabida a partidarios del movimiento gobernante y, a lo mejor, de quienes le apoyan, por ejemplo para sostener una mayoría afín en la Asamblea Nacional.
Se contarán días y semanas para corroborar si esas sospechas se convierten en certezas.
Por eso mismo el Gobierno debe ser franco con sus mandantes. Al contrario, fiel a su estrategia comunicacional, les tiene inquietados, un día debatiendo sobre un tema lanzado, a ratos al apuro, como el de los despidos; de otro, al siguiente, como la fecha tentativa para el referéndum o del proyecto de ley para regular las ONG y combatir el lavado de activos.
Tampoco está clara la fusión de varios ministerios y secretarías, una decisión, asimismo, tomada sin tener un norte.
Se ignora sobre si esas fusiones derivarán en la reducción de cargos, peor en cuanto a las atribuciones de los ministerios y secretarías a ser absorbidas.
La crispación social está a la vuelta de la esquina. Es la consecuencia de gobernar a saltos o tapando incendios.
