A pocos días de realizarse la marcha en Cuenca para defender el agua, el presidente Daniel Noboa da señales de querer enmendar el craso error cometido por quien fuera su ministra del Ambiente, al conceder la licencia ambiental a la empresa cuyo objetivo es explotar el oro existente en el páramo Quimsacocha.
Según dijo, está dispuesto a frenar el proyecto Loma Larga, para cuyo efecto la Municipalidad de Cuenca y el Gobierno Provincial del Azuay deberán sustentar sus informes en cuanto a la contaminación del agua.
Al Presidente sus ministros del ramo deben informarle sobre informes técnicos, ambientales, legales, que respaldan las razones por las cuales la explotación no es pertinente.
Hay un informe elaborado por ETAPA EP. Hay otro realizado por técnicos del entonces Ministerio del Ambiente cuyas conclusiones eran similares a las de la empresa municipal. Empero, por razones desconocidas fue ignorado y nadie sabe dónde está.
La razón no pide fuerza Presidente. Además, la licencia fue otorgada saltándose varios procedimientos; hasta manoseando una consulta libre e informada hecha a una comunidad, y desconociendo resultados de las hechas en Girón y en Cuenca. El pueblo dijo no a la minería en zonas de recarga hídrica.
La única salida, más allá de endilgar supuestas consecuencias a la Prefectura y al Municipio, es derogar la licencia ambiental.
Según Noboa, ante posibles demandas internacionales de la minera, esas entidades locales deberán dar la cara. Cuán equivocado está. Deberá hacerlo el Estado, el responsable de, durante varios gobiernos, abrirle paso a esa empresa. El suyo tampoco estará libre por haberle dado la licencia.
A su vez, el alcalde Cristian Zamora anunció la reversión, por irregular, de la incorporación de 140 hectáreas al registro catastral a favor de la minera.
Gracias a esa “incorporación mágica”, el predio de la empresa “creció” de 120 ha 260, una irregularidad denunciada años atrás, pero puesta en el “congelador”.
