Hay imágenes que sintetizan una crisis con más crudeza que cualquier informe técnico. En Ecuador, esa imagen es la de un bebé entregado en una caja de cartón para que su madre lo entierre. Es un símbolo que resume la fractura ética, la deshumanización y la incompetencia que han marcado el sistema de salud en los últimos años. Y, sobre todo, evidencia que la emergencia sanitaria no es un asunto administrativo: es un drama humano.

La Vicepresidencia formaba parte del Comité Nacional de Salud Pública, encargado de planificar y supervisar la respuesta estatal. Sin embargo, tres meses después, el primer anuncio de María José Pinto, ahora también encargada del Ministerio de Salud, fue pedir auditorías.  El mensaje implícito fue que no había línea base, no había inventarios completos, no había un diagnóstico mínimo de los puntos críticos del sistema. En otras palabras, el país navegaba a ciegas en plena emergencia.

A ese vacío se suma la denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), que identificó varios proveedores vinculados a contratos cuestionados, con pagos estatales que bordean los USD 240 millones. Entre los casos más controvertidos está el de la empresa HealthBird, anunciada para dar servicios de digitalización, gestión de citas e historias clínicas por USD 37,7 millones, y promovida desde el propio Ejecutivo.

Cuando la CNA solicitó explicaciones, la Vicepresidencia respondió con un tecnicismo administrativo que sugería que “no era de su competencia”. Una salida insostenible para quien tiene a su cargo el Ministerio de Salud. La corrección posterior —“la respuesta estuvo mal hecha”— no disipó la duda central: ¿Quién está realmente al mando de una de las crisis más graves del país?

La caja de cartón donde una madre recibió a su hijo muerto no es solo un símbolo de pobreza institucional; es una denuncia moral. Nos recuerda, con brutal simplicidad, que cuando el Estado es incapaz de asegurar algo tan elemental como morir con dignidad, ya no hablamos de crisis: hablamos de incompetencia y abandono.