Una “guerra comercial” entre Ecuador y Colombia no le hace bien a nadie.

Históricamente son países hermanos, vecinos además, siendo el comercio la actividad económica más preponderante, así el balance comercial no sea favorable para Ecuador.

El gobierno de Daniel Noboa resolvió aplicar la denominada “tasa de seguridad” a los productos importados desde Colombia en un 30 %. 

Se trata de una medida arancelaria que puso en jaque a importadores y exportadores, en especial a miles de productores de ambos países, incluyendo al comercio que aflora en la frontera.

Diálogos precarios entre las dos Cancillerías han resultado estériles. Ni hablar de un encuentro directo entre Noboa y el presidente Gustavo Petro.

El “castigo” arancelario, según justificó el gobierno de Ecuador, es por el nulo control de la frontera por parte del de Colombia para combatir el narcotráfico, comenzado por el aumento indiscriminado de los cultivos de coca.

La reacción colombiana no se hizo esperar, y desde la semana anterior aplicó similar medida, impidiendo además el ingreso, vía terrestre, de algunos productos, entre ellos del arroz.

Sorpresivamente, el Ejecutivo ecuatoriano acaba de incrementar aquella tasa al 50 %, según dice, porque su par colombiano no da señales claras de ejercer control en la frontera compartida.

Las críticas estallaron. No solo de la Comunidad Andina (CAN); igual de los sectores productivos del Ecuador, entre ellos de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Le exigen revisar la medida, a sabiendas de que no por querer salvaguardar la seguridad nacional, que está bien, se comprometa “la sostenibilidad del comercio formal, el empleo y la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos”.

El problema se ahonda, porque Colombia también impondrá aranceles en un 50%.

¿Habrá otros medios para “obligarle” al gobierno de Petro a sentarse para dialogar sobre lo que Ecuador considera que no está haciendo bien en materia de seguridad fronteriza?