Resulta hasta anecdótico que el Gobierno Provincial del Azuay, dos años después de haberla aprobado, no pueda cobrar la tasa de Cuidado de Cunetas.
Debe aplicársela a los dueños de predios colindantes a las vías bajo competencia de la Prefectura.
Corresponde al 30 % del valor que cada propietario paga año tras año por concepto del predio rústico.
La Cámara Provincial, integrada por alcaldes de los 15 cantones azuayos y algunas juntas parroquiales rurales, vio la necesidad de aprobar la tasa para dar mantenimiento a las cunetas, en especial de las vías asfaltadas o que tienen tratamiento superficial bituminoso, en las cuales es alta la inversión.
Si la intención fue buena, no hay razón para que los municipios no hayan actualizado sus respectivos catastros rurales. Apenas lo han hecho Guachapala y El Pan.
El descuido manifiesto impide determinar con precisión los valores a recaudarse.
Como no faltan las justificaciones, para algunos alcaldes, la actualización –que requiere de estudios técnicos y procedimientos a seguir– de los catastros rurales implica altos costos. No están en capacidad de sufragarlos; además que sus presupuestos son irrisorios en la mayoría de los casos.
En palabras de un concejal de Gualaceo, el municipio necesitaría alrededor de USD 500 mil para cumplir la ordenanza.
No habría más procedimiento que hacer sino mediciones individuales con el soporte de tecnologías como los drones. Y todo esto vale lo que vale.
Además, no todos los dueños de los predios rurales tienen títulos de propiedad. Obtenerlos llega tiempo y dinero.
Ante tal complejidad, la Cámara Provincial debería analizar alternativas. Ha dejado pasar mucho tiempo para debatir el problema, mientras las vías intervenidas se deterioran comenzando por las cunetas.
Aprobar una tasa y no aplicarla, equivale a no tomar en serio la tarea legislativa.