La transparencia no solo hay que pregonarla. Hay que practicarla pase lo que pase.

Cuando alguien asume una función pública, con mayor énfasis los designados para ejercer tareas de control, de administrar justicia, de lo que más habla es sobre la transparencia.

Como si que con ellos fuera a inaugurarse la verdad, la ética, el decoro. Se muestran abiertos al escrutinio público, a rendir cuentas, a respetar la ley que faculta a los ciudadanos recibir información, clara y completa, de procesos, de contratos, de la gestión administrativa, de la declaración de bienes…

Hay organizaciones, serias y comprometidas con la lucha contra la corrupción, que, accediendo a la información pública dispuesta, porque así lo exige la Constitución, en las páginas web de cada entidad han denunciado irregularidades, la mayoría, escandalosas.

Se trata de la fiscalización ciudadana, aquella que no obedece el interés político, sino al cívico, al que, harto de la corruptela quiere un país honrado.

En ese marco también actúa el periodismo independiente; menos el halagador, el ejercido en medios adquiridos por el poder político a través de intermediarios.

Un requisito básico para quien ingresa al servicio público; para los nombrados para dirigir ministerios, superintendencias; entidades como la Policía, el Ejército, o elegidos para integrar la Asamblea, es declarar sus bienes ante la Contraloría, en cuya página web, hasta hace pocos días estaban a disposición de todos.

Llama la atención que el contralor general del Estado, un profesional cuya designación la aplaudió caso todo el país, pretenda que esa información pase por una especie de requisa, con lo cual, quien pretenda acceder a la referida información quede expuesto, señalado.

Eso en nada abona a la transparencia, a la fiscalización. Lo debe entender el contralor cuya independencia respecto del Ejecutivo no pocos ponen en duda.