Los operativos militares contra la minería ilegal desencadenan en decomisos, cierre de bocaminas, quema de maquinarias, como retroexcavadoras; de campamentos. Se destruye material aurífero. Se detiene a unos cuantos, pero nadie sabe sin son procesados por la justicia. 

En el caso de la provincia del Azuay, dichos operativos son frecuentes en cantones como Ponce Enríquez, Pucará y Sígsig, donde campea la minera ilegal.

Sin embargo, esa actividad persiste. Se destruyen campamentos clandestinos, pero, casi de inmediato se instalan otros, si es posible en el mismo lugar de los anteriores.

Según la Policía Nacional, la minería ilegal es tan rentable como el narcotráfico, la extorsión; y, por lo general, ha sido tomada por los grupos de delincuencia organizada, que hasta habrían desplazado a la minería artesanal, igual de contaminante

Se destruye retroexcavadoras y otras infraestructuras, pero ninguna autoridad investiga quiénes las compraron, en dónde; quien facilitó su ingreso, se supone por partes, a zonas de difícil acceso. 

Esta sería información valiosa para que los operativos no se queden en decomisos y explosiones.

Si la minería ilegal mueve miles de millones de dólares, aquellas acciones ejecutadas por el Ejército resultarían, digamos que poca cosa para los “inversionistas”. Además, tras ella está el lavado de dinero ilegal.

Y tal como lo revela la Policía y las Fuerzas Armadas, esa actividad está ligada a ciertos políticos, a ciertos gobiernos autónomos descentralizados en cuyos territorios, “a vista y paciencia de todos”, tiene luz verde, proliferan los locales que comercializan retroexcavadoras, y, entre su población hay un movimiento económico inusual, increíble.

Sino se ataca a toda la cadena, comenzando por el primer eslabón, la lucha del Estado resultará infructuosa. Los hechos lo demuestran. La corrupción hasta podría “aceitarse” con oro. ¿No será que ocurre ya?