Dado que hay muestras visibles de que la Justicia ha sido cooptada por el poder político, no ahora sino siempre, cualquier resolución trae consigo el tufo de la parcialidad.

Cuando la Justicia actúa con celeridad en ciertos casos, pero no en otros; cuando se ensaña con ciudadanos que, sin siquiera haber sido juzgados, peor condenados, se los envía a las mazmorras; cuando los “peces gordos” o los que tienen influencias al más alto nivel, se salvan de ser investigados, peor sindicados, pese los antecedentes que hay para merecerlos, simplemente es un remedo y una espada lista para caer sobre quienes el poder los quiere en la vereda.

Esas prácticas, propias de cuando la democracia degenera, vuelven poco o nada confiable a la Justicia. De sus decisiones dudan todos, lo que es diferente a discrepar.

Al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, no le habría durado mucho la emoción luego que Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió archivar las denuncias en su contra por presunta infracción electoral grave.

Horas después, el mismo TCE le suspendió sus derechos de participación política por seis meses, debido a denuncias por violencia política de género.

Esa resolución se dicta en vísperas de las elecciones seccionales en las cuales Zamora pretende ser reelecto. Según su perspectiva, tiene amplias posibilidades.

El alcalde la apelará. Pero si es ratificada, quedará fuera de la contienda electoral. Así de fácil.

Zamora ha tenido fuertes enfrentamientos con el Gobierno, cuyo objetivo es tomar las riendas de las principales ciudades del país, tal como de manera implícita lo dijo el pasado 24 de mayo.

¿El alcalde se enfrenta a la crónica de una suspensión que, una vez anunciada, con seguridad será ratificada?

No se trata de defender a políticos en particular, peor sus procedimientos; sí la de traslucir hechos que han convertido a la Justicia en poco confiable, sobre todo, dirigida.