Desde hacía mucho tiempo es “vox populi” que en algunos barrios urbanos de Cuenca funcionan prostíbulos clandestinos.

Eso estaría ocurriendo en Totoracocha, un vasto conglomerado urbano integrado por muchos barrios. Habría no menos de seis burdeles.

Según denuncias realizadas por moradores y dirigentes, la prostitución se ejerce en viviendas particulares, arrendadas, supuestamente, para habitarlas.

La prostitución clandestina trae consigo delitos como asaltos, robos en domicilios, venta de droga, consumo de alcohol, entre otros.

El gobernador Xavier Bermúdez, exconcejal del cantón, ha puesto el “dedo en la llaga” al señalar el vacío legal que existe para que la Policía Nacional pueda actuar.

Hace más de un año, el Concejo Cantonal derogó la ordenanza que controla y sanciona el uso y ocupación del suelo en Cuenca.

Esa decisión, según lo interpreta el gobernador y algunos concejales, originó un vacío legal que impide intervenir en inmuebles particulares utilizados para la prostitución clandestina.

Ni siquiera pueden hacerlo los comisarios municipales. Tampoco la Intendencia General de Policía.

Es inentendible que el Concejo Cantonal, el propio alcalde, no hayan procedido a reformular la ordenanza derogada para, entre otras cosas, evitar tales desafueros.

La labor legislativa debe ser ágil, oportuna, orientada al bien común, a poner orden y establecer reglas claras para el control, uso y gestión del suelo, sobretodo para casos específicos como el anotado.

Varios concejales reconocen el descuido. Se han comprometido a solicitar a la alcaldesa subrogante que disponga la reanudación del debate a fin de legislar sobre puntos críticos.

Eso tampoco obvia a que el vecindario arriende su casa al mejor postor, sin tomar precauciones, como tantas veces se pide de manera pública en aras de la seguridad.

La prostitución no está penalizada; pero debe ser ejercida en lugares apropiados y con previa autorización.