La libertad de expresión, de poco o nada sirve por el mero hecho de constar como un derecho más en la Constitución; o que el Estado suscriba declaraciones internacionales, formuladas por organismos importantes que velan por los derechos humanos.

Parte consustancial de ese derecho es el trabajo periodístico; igual el rol que cumplen los medios de comunicación.

Tantas veces se ha dicho que libertad para informar, investigar, interpretar, opinar, es vital para la democracia; pero de una democracia sin tamices, en la que se respeten las diversas funciones del Estado; que el poder político no la convierta en  caricatura para, entre otras cosas, evitar el escrutinio público.

En un país donde esa libertad se la coarta de mil maneras, ejerciendo presiones sobre los medios, en especial de los críticos, tambalea la democracia, gana la corrupción, la delincuencia, tanto la común como la de cuello blanco; aquellos que sacan provecho de la opacidad, del silencio, de la autocensura, del miedo.

Que los periodistas honestos, investigadores, valientes, que le dicen “al pan, pan; y al vino, vino”, que se fajan porque el oficio siga siendo digno en medio de una “selva” de canales de comunicación sin norte ni valores, o de otros que lo ejercen con genuflexión, sean echados de los medios donde laboran, no habla bien de un gobierno. Al contrario, de que es turbio.

Parecía superado aquel largo periodo cuando se creó la ley mordaza contra la prensa, y como parte de sus torniquetes, una superintendencia de comunicación para enjuiciar a periodistas, a los medios críticos, mientras otros, asimismo por presiones e intervenciones, desaparecieron.

Todo apunta a que la libertad de prensa, el trabajo de los periodistas, molesta tanto a los gobiernos que se creen de izquierda como a los de derecha.

Acaso imposible saber por qué, para qué, un gobierno resuelve ponerle mordaza a la libertad de prensa.