El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hizo público un informe sobre el desplazamiento interno en Ecuador, resultado de la violencia criminal entre 2022 y 2024.

La investigación, en la que participaron la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE) y la consultora NeoPlan, reveló que el país enfrentó en ese periodo una de las crisis humanitarias internas más severas de su historia reciente.

Se estima que 316.000 personas, pertenecientes a 156.614 hogares, fueron obligadas a abandonar sus viviendas debido a homicidios, extorsiones, amenazas o al control territorial de bandas organizadas.

El documento advierte que el deterioro de la seguridad es acelerado y estructural. Desde 2021, los homicidios aumentaron más del 200 %. Alcanzaron una tasa de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023, el año más violento registrado.

En paralelo, los casos de extorsión crecieron de 3.647 en 2022 a 12.251 en 2024. Ese mismo año, el Estado declaró un conflicto armado interno. Autorizó la participación directa de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en tareas de seguridad.

La violencia se concentra en las provincias de Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro y Pichincha, donde la presencia de grupos criminales vinculados al narcotráfico ha transformado la vida cotidiana de la población.

En esos territorios, miles de familias huyeron por miedo a secuestros, asesinatos o amenazas. Según el informe, el 46 % de los desplazamientos fue provocado por robos o muertes, el 15 % por amenazas directas y el 9 % por extorsión.

Víctimas

Las víctimas presentan perfiles diversos, aunque predominan mujeres, niños y adultos mayores. Enfrentan nuevas carencias tras huir: el 52 % no consigue empleo, el 44 % vive en arriendo y casi el 90 % no recibe asistencia estatal.

La DPE advierte sobre un fenómeno silencioso: el “confinamiento forzado”, que afecta a personas sin recursos para escapar de zonas dominadas por bandas. Permanecer allí, señala el informe, también constituye una forma de violencia.

Los espacios escolares y laborales se han vuelto inseguros. Un 67 % de los hogares reportó robos o agresiones en sus trabajos, y el 18 % de los que tienen hijos denunció amenazas o delitos dentro de las escuelas.

Entre los incidentes más comunes están las intimidaciones de pandillas, robos violentos y asesinatos cerca de centros educativos. Esto evidencia, según el estudio, la normalización del miedo y la pérdida de espacios seguros en el país.

El informe detalla que el 44 % de los desplazados se trasladó dentro de la misma ciudad, el 36 % hacia otra urbe y el 20 % salió del país, principalmente con destino a Estados Unidos (EE. UU.), España o Colombia.

Quienes migraron dentro del país buscan zonas más seguras, pero enfrentan una serie de obstáculos para acceder, por ejemplo, a vivienda, salud, educación y empleo.

Provincias receptoras

Las provincias identificadas como receptoras como es el caso de Pichincha, Azuay y Santo Domingo, también muestran limitaciones para integrar a las familias desplazadas.

La DPE considera urgente que Ecuador establezca un sistema nacional para registrar, asistir y proteger a las víctimas de desplazamiento interno, garantizando el respeto a sus derechos fundamentales.

Entre sus recomendaciones están fortalecer la recolección de datos, diseñar políticas con enfoque de género y edad, proteger a la niñez frente al reclutamiento por grupos armados y apoyar a las comunidades que acogen a los desplazados.

Finalmente, el informe concluye que el desplazamiento interno detectado constituye una señal de alarma social, que refleja la pérdida de control estatal sobre amplias zonas del territorio nacional.

El documento llama a una respuesta urgente, integral y solidaria, que combine seguridad, inclusión social y justicia. Insiste en que ningún ecuatoriano debería verse obligado a huir para salvar su vida.

Azuay

El informe sobre desplazamiento interno por la violencia en Ecuador incluye a Azuay entre las provincias más afectadas. Entre 2022 y 2024 esta fue una de las principales receptoras de personas que huyeron de otras zonas inseguras.

Azuay fue una de las 12 provincias seleccionadas para el estudio por tener relación con niveles altos de criminalidad. Se identifican riesgos asociados con robos, homicidios y extorsiones.

El informe también revela que Azuay funciona como territorio de origen y destino del desplazamiento, lo que refleja un flujo bidireccional producto de la ola de violencia.

Algunas familias llegan en busca de protección, mientras otras parten por miedo a la violencia o la falta de oportunidades, lo que es evidencia del impacto de la crisis de seguridad.

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