La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es el organismo estatal encargado de analizar información financiera para detectar lavado de activos y financiamiento de delitos en Ecuador y en redes criminales.
Especialistas advierten que su intervención debe fortalecerse en sectores como la economía informal, la minería ilegal y la corrupción, donde el seguimiento financiero resulta clave para prevenir delitos graves.
La UAFE entrega reportes técnicos a la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando identifica operaciones sospechosas. La Policía Nacional, en cambio, se encarga de la investigación operativa y penal en estos casos.
Esta institución solicita y recibe, bajo reserva, información sobre operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, con el fin de procesarla y analizarla.
De forma excepcional y en la lucha contra el crimen organizado, la UAFE atiende requerimientos de información de organismos de inteligencia del Estado y mantiene el mismo nivel de reserva o sigilo.
Tareas
Juan Pablo Moscoso, abogado e investigador en delitos financieros, explicó que en 2016 se aprobó la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
“Esta ley estableció el marco legal para combatir el lavado de activos en Ecuador, pero no fue suficiente, pues quedaron temas sin cobertura y en algunos casos no resultó del todo efectiva”, señaló.
Indicó que en 2024, es decir, casi ocho años después, esta normativa fue reemplazada por la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos.
A decir de Moscoso, esta ley establece un sistema obligatorio para identificar, analizar y reportar operaciones económicas inusuales o injustificadas, con el objetivo de frenar el uso del sistema financiero para actividades ilícitas.
Además, le otorga a la UAFE la competencia exclusiva para recopilar y analizar información financiera, y remitir reportes a la fiscalía cuando existan indicios de lavado de activos o financiamiento de delitos.
La normativa también define quiénes deben reportar operaciones sospechosas, como bancos, cooperativas, casas de valores, notarías y otros sectores considerados de riesgo, bajo sanciones por incumplimiento.
Acotó que esta ley fortalece el intercambio de información entre instituciones del Estado y organismos internacionales, al reconocer que el lavado de activos es un delito de carácter transnacional.
Control
Para Luis Tobar, economista y docente de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), la UAFE debería priorizar el análisis y el seguimiento de las transacciones hechas en efectivo.
“Debería volcarse a la venta de activos y de bienes, y establecer una correspondencia con las notarías y el sector inmobiliario, pues existen muchas operaciones que se realizan fuera del sistema financiero”, explicó.
Añadió que se debe advertir a las personas que venden casas o departamentos sobre la importancia de conocer a los compradores, ya que a largo plazo podrían verse involucradas en investigaciones.
Tobar considera que la UAFE y el Estado deben implementar un sistema de alertas para todas las transacciones que se realicen sin la intermediación del sistema financiero, es decir, en efectivo.
El especialista cree, además, que la UAFE debería poner atención en las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), cuya creación ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años.
Las SAS son empresas que pueden constituirse de forma rápida y con pocos requisitos, incluso por una sola persona, con el objetivo de facilitar el emprendimiento.
“En algunos casos, estas empresas inclusive pueden convertirse en mecanismos para el lavado de activos, por lo que deberían tener un mayor control”, advirtió.
Indicó que este seguimiento puede realizarse a través de la Superintendencia de Compañías, donde hay información pública sobre las empresas constituidas por personas naturales o jurídicas.
Ilegal
Para Fernando Samaniego, contador público e investigador en finanzas, la UAFE también debe priorizar el análisis financiero de la minería ilegal, ya que este sector mueve grandes volúmenes de dinero en efectivo.
“La experiencia demuestra que la minería ilegal opera como un canal para lavar activos criminales, y la venta de oro y otros metales genera importantes flujos de dinero”, señaló.
Añadió que la minería ilegal combina informalidad y uso intensivo de efectivo, por lo que requiere una vigilancia más rigurosa de la UAFE sobre flujos financieros, empresas de papel y movimientos bancarios inusuales.
A decir de Samaniego, la UAFE puede seguir la ruta del dinero de la minería ilegal, identificar beneficiarios finales y detectar operaciones que encubren delitos como corrupción y evasión tributaria.
Concluyó que un control financiero fortalecido permitiría a la UAFE anticiparse a esquemas de lavado ligados a la minería ilegal, donde se utilizan cooperativas, exportaciones ficticias y sociedades para legitimar recursos ilícitos. (I)
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