Joaquín Viteri, juez del Tribunal Contencioso Electoral, admitió a trámite la denuncia presentada por Carlos Alarcón, fiscal general del Estado, en contra del movimiento Revolución Ciudadana (RC) y suspendió provisionalmente a la organización política.

Alarcón puso en conocimiento del TCE que a la RC se le abrió una investigación previa, la cual tendría relación con el caso Caja Chica, que indaga los supuestos aportes de Venezuela a la campaña electoral del 2023.

Mientras el caso se investiga, el juez del TCE dispuso, como medida la suspensión provisional por el plazo de nueve meses de la Revolución Ciudadana, Lista 5, en el registro permanente de organizaciones políticas que mantiene el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La mencionada medida podrá ser revisada sin exceder el plazo máximo 24 meses, previstos en el artículo 374 del Código de la Democracia.

La disposición solo se levantará cuando la Fiscalía informe formalmente el retiro del pedido o manifieste que ya no sostiene la solicitud.

La suspensión por nueve meses le deja al correísmo prácticamente fuera de las próximas elecciones seccionales, cuya inscripción de candidaturas arrancará el 31 de agosto del 2026.

En la Revolución Ciudadana se informó que se emitirá un comunicado oficial este sábado 6 de marzo, una vez que la directiva de la organización política se reúna con sus abogados.

Paola Pabón, prefecta de Pichincha y miembro de la RC, señaló que la decisión del TCE “sienta un precedente nefasto para el país” y atentan contra el derecho de miles de ciudadanos a elegir por un proyecto político “coherente y comprometido con el Ecuador”.