Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) salió al paso para defender la decisión del organismo de adelantar la fecha de las elecciones seccionales para el 29 de noviembre del 2026, las que estaban previstas para el 14 de febrero del 2027; la funcionaria se centró en aclarar los términos que han empleado quienes se oponen a la medida y la diferencia que, para ella, existe entre «votación» y «elección».
“El día de las votaciones es cuando se acude al sufragio, la elección es cuando se define cuando una autoridad se declara ganadora, cuando se han agotado los recursos, se proclama los resultados”, recalcó Atamaint en su intento por diferenciar entre los términos elecciones y votaciones.
Según la mayoría del CNE, que vota con Atamaint, la jornada prevista para el 29 de noviembre responde a la actualización técnica del calendario electoral y de ninguna manera supone la convocatoria a comicios anticipados.
Llegan las demandas contra la decisión
Solo este 30 de marzo del 2026 se presentaron dos demandas en contra de la decisión del CNE de adelantar la fecha de las elecciones, la primera la ingresó Andrés Albuja ante la Corte Constitucional, quien señaló que, al adelantar el proceso electoral se vulnera el principio de previsibilidad, pues se rompe la planificación de los sujetos políticos, que habían establecido actividades de acuerdo con la fecha inicial.
“No se puede hablar de seguridad jurídica cuando el árbitro electoral altera el cronograma de la contienda una vez que el proceso ya ha sido convocado y los términos han empezado a correr, creando un escenario de incertidumbre que lesiona el derecho a la participación política efectiva”, afirmó el demandante.
Pese a que Diana Atamaint anticipó que la decisión de adelantar las elecciones se la tomó en coordinación con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), anticipando que cuenta el apoyo de este organismo; de todas maneras, Gabriel Rivera, abogado de la Revolución Ciudadana, presentó una demanda subjetiva ante esta entidad, para impugnar la decisión del CNE.
Rivera puntualizó que el ajuste de fecha de las elecciones no es solo técnico, sino que es una decisión que “impacta derechos políticos y reglas del proceso”, principalmente porque acorta tiempos, de tal forma que afecta la participación política.
“La impugno en virtud de afectar gravemente nuestro derecho de participación y no cumplir con ningún estándar de motivación y siendo contraria al artículo 82 de la Constitución de la República y a los artículos 85, 90, 91 y 98 del Código de la Democracia, pues se vulneran los plazos legales establecidos para las distintas fases del proceso electoral”, afirmó Rivera en su demanda.
Las demandas tienen futuro
Para el constitucionalista José Chalco, la Corte Constitucional puede incluso echar abajo la decisión del CNE y regresar las elecciones a la fecha prevista inicialmente, pues en este caso no existe una causal, ni legal, ni en la Constitución, que les permita adelantar las votaciones.
“La Corte puede anular la decisión del CNE, porque la Constitución habilita adelantar elecciones, pero, por muerte cruzada, ausencia simultánea del presidente y vicepresidente o revocatoria del mandato. La Corte Constitucional tendrá última palabra”, puntualizó el experto.
Anuncian acciones de protesta
La Asamblea de Organizaciones Sindicales, Sociales y Populares exigió la renuncia inmediata de Diana Atamaint como presidenta del CNE y de Joaquín Viteri, juez del TCE, a quienes consideran responsables de afectar la democracia y el derecho a elegir y ser elegidos; por lo que convocaron a una marcha ciudadana que se realizará el 1 de abril del 2026.
A esta marcha se unirá Unidad Popular, partido que está en proceso de eliminación por parte del CNE; su presidente, Geovanni Atarihuana, aseguró que la defensa de la democracia también debe darse en las calles, pues el adelanto de las elecciones “es una maniobra para bloquear la participación política”.
La corporación Participación Ciudadana, que se ha especializado en la defensa de la democracia y la observación electoral, se unió al rechazo a la decisión del CNE, la cual señaló que vulnera los principios de equidad, seguridad y certeza jurídica, al modificar una fecha que ya fue aprobada y socializada con anterioridad.
