Desde el 29 de julio, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación previa por el presunto delito de cohecho. En coordinación con la Policía Nacional, ejecutó varios allanamientos a inmuebles ubicados al norte de Quito, con el objetivo de recabar indicios. Los investigados son Milton Velásquez, Patricio Secaira e Iván Larco, jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), quienes habrían sido parte del Tribunal que emitió una sentencia de recurso de casación, en la que se ordenó pagar $59’334.103,17 a favor de una empresa china.
La noticia del delito tiene como antecedente el testimonio anticipado de Michael Ismael Hernández, sentenciado en el caso Plaga, quien en 2024 involucró a varios magistrados de la CNJ en varios hechos.
En su versión, Hernández manifestó que, durante un evento efectuado en Guayaquil, mantuvo reuniones con varias personas y conoció que los mencionados jueces habrían gestionado la emisión del fallo, correspondiente a una causa que permanecía represada varios años.
Durante los allanamientos se levantaron como indicios documentos, teléfonos celulares y computadoras. La Fiscalía informó que continuará practicando las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, con respeto al debido proceso. El delito de cohecho está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Ministro del Interior advierte a jueces de la CNJ
Tras los allanamientos, el ministro del Interior lanzó una advertencia a los jueces de la Corte. «Nadie es intocable, que les llegue el mensaje: o se enderezan o van presos, o se enderezan y se corrigen o van a terminar presos», afirmó el funcionario.
Uno de los primeros jueces nacionales en pronunciarse fue Milton Velásquez. El 30 de julio, en un comunicado difundido en sus redes sociales, el magistrado dijo que le causa extrañeza la medida urgente tomada en su contra, dado que durante todo el tiempo de la investigación ha prestado toda la colaboración a las autoridades competentes.
No obstante, dijo sentirse confiado en que los hechos se esclarecerán por medio de los cauces institucionales, «ya que no participo ni he participado en ninguna trama de corrupción».
En alusión a las expresiones del ministro del Interior, el juez de la CNJ dijo: «mis decisiones se enderezan exclusivamente al derecho vigente y a los hechos acreditados en cada proceso».
Milton Velásquez: «La investigación fiscal no es nueva»
Velásquez recordó que la causa objeto de la investigación fiscal es pública y reposa en el sistema SATJE, e invitó a la ciudadanía y al foro de abogados a revisarla «y a que extraigan sus propias conclusiones». También agradeció a quienes han expresado su respaldo a su labor y a quienes ejercen su derecho a criticarla de manera responsable y constructiva.
Velásquez aclaró que la investigación fiscal no es nueva, sino una iniciada en 2024 relacionada con una sentencia de 2023 emitida dentro del juicio de una compañía contra el Ministerio de Educación. En dicho fallo —dijo— se aceptó el recurso de casación del Ejecutivo, «no se creó una obligación nueva ni se aumentó el pago a favor de la empresa; al contrario, se redujo en 8.391.899,41 dólares el monto establecido por la sentencia de instancia».
Hasta el cierre de esta nota, los jueces Patricio Secaira e Iván Larco no habían emitido ningún pronunciamiento. (I)
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