El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 9 de noviembre la Ley Antimafias, la cual se convirtió en una de las principales propuestas del oficialismo para combatir el crimen organizado. La normativa, entre otras cosas, propone endurecer las penas y permite imponerle hasta 60 años de prisión a quien cometa al menos tres delitos “dolosos”.

Adicionalmente, como una de las principales novedades de la norma, está la sanción que se aplicará a los miembros de las organizaciones delictivas, por el simple hecho de pertenecer a la agrupación, sin importar el rol que cumplen en esta.

Hasta 60 años de prisión

Actualmente en Ecuador una persona solo puede acumular hasta 40 años de prisión, sin importar el número de delitos que cometa y el tipo de acciones por las que haya sido juzgado; con el cambio aprobado, se podrá acumular hasta 60 años de cárcel, pero, esto no aplica a todos los delitos y existe un límite de sentencias.

Cuando una persona cometa tres infracciones o más, el límite de 40 años pasará a 60 años, pero, los delitos deberán ser autónomos e independientes, no simplemente varias formas de describir una misma infracción.

Además, la suma de las penas individualizadas debe superar los 40 años y la acumulación puede llegar hasta el doble de la pena más grave, con un máximo de 60 años.

Estos tres delitos o más deben ser sicariato, secuestro, terrorismo, narcotráfico o lavado de activos, delincuencia organizada, extorsión, trata de personas, tráfico de armas y otras infracciones dolosas.

El aumento de las penas

Aunque la Ley Antimafias destaca que no importa el papel que cumpla una persona dentro de la organización delictiva, igual será sancionada, sí establece penas diferenciadas en cada caso.

Por ejemplo, quien haga de campanero u operador logístico puede recibir una sentencia de hasta 16 años de prisión; mientras que quien pertenezca a la banda delincuencial, la cual realice actos violentos, puede recibir prisión de hasta 26 años.

Además, por dirigir, coordinar o financiar la pena se eleva a 30 años; por integrar una organización que cometa actos graves la sanción también es de 30 años, mientras que quien dirija un grupo especialmente violento puede llegar a estar en la cárcel hasta 34 años.

Nuevos delitos

Se establece que facilitar conscientemente inmuebles, garajes, bodegas o vehículos a grupos criminales se castiga con 10 a 13 años, elevándose a 13 a 16 años si concurren agravantes.

Adicionalmente, reclutar o captar a personas adultas aprovechando situaciones de vulnerabilidad, confianza o dependencia conllevará penas de hasta 16 años de prisión.

También se sanciona el desplazamiento interno forzado, se impone entre 7 a 10 años de prisión a quienes obliguen a personas o familias a abandonar sus viviendas o barrios mediante violencia, extorsión o intimidación; también se fija una pena de 5 a 7 años de prisión para quienes restrinjan la movilidad o encierren a comunidades bajo amenazas criminales.

Además, se eleva la pena por tráfico ilegal de combustibles, de 5 a 10 años, la pena sube a 13 años de prisión si el delito se comete en provincias fronterizas, mar territorial o instalaciones portuarias.

El golpe a la economía criminal

Cuando se habla de acciones que realmente golpeen a las organizaciones delictivas, Byron Villagómez, del Observatorio del Crimen Organizado menciona al impacto a las economías criminales, pues esto le deja a la banda sin la posibilidad de acción que les da el dinero; esta es una de las propuestas de la Ley Antimafias.

A través de la extinción de dominio y la gestión del patrimonio ilícito, se aplica un procedimiento diseñado para asfixiar el músculo financiero de las estructuras criminales y evitar que el Estado asuma costos desproporcionados por mantener los bienes retenidos.

Es así como, mientras se determina la situación jurídica del bien incautado (inmuebles, vehículos o maquinaria), este no se queda abandonado, sino que la ley permite que pueda destinarse temporalmente mediante convenios a fines sociales, comunitarios, educativos, de salud o de apoyo a la seguridad pública.

Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea y proponente de la norma, destacó que administrar los bienes incautados al narcotráfico implica un gasto público en guardianía privada y seguros, por lo cual el Estado llegó a gastar más de 2.6 millones de dólares anuales.

Además, cuando existe riesgo de deterioro, obsolescencia o los costos de mantenimiento resultan excesivos, un juez puede disponer la venta anticipada del bien, si al fina el procesado demuestra su inocencia, se le devuelve el dinero.

• 5 años de prisión se le aplicará a un trabajador público que filtre información reservada o alerten a grupos criminales sobre operativos.
• Un abogado que sea sancionado por colaborar con una banda delincuencial se le impondrá la inhabilitación definitiva de su licencia profesional.