Ningún ministro del Gobierno de Daniel Noboa tiene responsabilidad política por los cuatro contratos que se firmaron con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM), que le han generado al país pérdidas por casi 160 millones de dólares; así lo determinó el informe que la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Político, integrada en su mayoría por legisladores de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, aprobó la madrugada de este 20 de diciembre del 2025.

En las conclusiones del informe no se nombró ni a Inés Manzano, actual ministra de Energía; ni a Roberto Luque, exministro de Energía (encargado) y actual responsable de la cartera de Infraestructura y Transporte; ni a Arturo Félix Wong, actual embajador del Ecuador en Colombia y exsecretario general de la Administración Pública, quien siguió el proceso de contratación.

Ni siquiera fue mencionado Fabián Calero, exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y exviceministro de Energía, quien fue señalado como el responsable de todo lo sucedido en la demanda que el Gobierno de Noboa presentó en Estados Unidos contra Progen.

La aprobación del informe, que pasará al Pleno de la Asamblea Nacional, no estuvo exenta de polémica; cuando Diana Jácome (ADN), presidenta de la Comisión, se negó a que al correísta Blasco Luna se le permita transmitir un video de cuando el ministro Luque visitó Progen, aunque ahora niega haber sido parte de la contratación.

El informe fue aprobado por los cinco asambleístas de ADN: Diana Jácome, Jorge Chamba, Jorge Guevara, Dominique Serrano, Isaac Solano, a quien se les unió Edmundo Cerda, de Pachakutik; en la otra orilla, votaron en contra los correístas: Blasco Luna, Guido Mendoza y Germania Romero; Otto Vera, del Partido Social Cristiano se abstuvo.

Sin responsabilidad política

Según el informe aprobado por la mayoría oficialista, no existen acciones u omisiones cometidas por ningún funcionario o autoridad del actual Gobierno, que haya desencadenó en la estafa millonaria, en la que el país recibió equipos viejos que hasta el momento no han generado un kilovatio de electricidad.  

“No se desprenden actos u omisiones imputables a las autoridades públicas (…) que se configuren en un incumplimiento de funciones que sean susceptibles de responsabilidad política”, señala el informe.

Investigación no le corresponde a la Asamblea

El informe de la mayoría oficialista señaló que investigar este caso y determinar responsables políticos no le corresponde a la Asamblea Nacional, sino a la Fiscalía y a la Contraloría.

“Las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación para la  generación de energía eléctrica en Salitral y Quevedo (por Progen); y Esmeraldas (por ATM), fueron objeto de examen especial y se encuentran en sede de la Contraloría General del Estado, quien ya ha establecido responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal (…) Este organismo de control impondrá las sanciones contra de las personas y servidores públicos responsables”, señala el documento.

De igual manera se señala que es la Fiscalía Fiscalía General del Estado el órgano competente para impulsar la acción penal y recabar los elementos de convicción suficientes para alcanzar las sanciones en materia penal, frente al presunto cometimiento de delitos por parte de las personas y servidores públicos responsables.

Informe de minoría si halló responsabilidades políticas

Desde la Revolución Ciudadana, los legisladores Germania Romero, Blasco Luna y Guido Mendoza presentaron un informe de minoría en el que, a diferencia del de mayoría, sí se determina responsabilidades políticas de los ministros del actual Gobierno sobre los casos Progen y ATM.

“Ningún servidor público está exento de responsabilidad por los actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, principio que resulta plenamente aplicable a la ministra de Energía y Minas, Inés María Manzano Díaz, por las omisiones identificadas en el seguimiento y control de los contratos de generación emergente”, señala el informe.

Adicionalmente, se recalca la responsabilidad política de Roberto Luque; Antonio Gonçalves, exministro de Energía; y Arturo Félix Wong; a todos ellos Diana Jácome se negó a llamarlos a comparecer, según se puntualiza en el informe de minoría.

Aunque es consciente de que el oficialismo tiene mayoría en el Pleno de la Asamblea Nacional y difícilmente si informe será aprobado, para Blasco Luna es importante que la ciudadanía conozca la forma en que el Gobierno, desde el Legislativo, blindó a sus ministros e impidió que sean sancionados políticamente.