Que se dirigía a comer en un chifa, que iba a comprar vitaminas para su hija, que estaba trabajando en un parque de diversiones del sector, que casi no habla español y no entendía lo que pasaba; fueron algunos de los argumentos que emplearon los abogados de los 12 de Otavalo para deslindarse de cualquier responsabilidad.
Las 11 personas del pueblo kichwa y 1 venezolano son investigados por la destrucción y quema de las oficinas de la Policía Judicial y el Comando de Policía de Otavalo, y por incendiar 25 vehículos, en el marco del paro nacional.
El 17 de octubre del 2025, desde las 09:00, se instaló en Quito la audiencia de apelación a la prisión preventiva, que pesa en contra de los denominados 12 de Otavalo, quienes fueron detenidos el pasado 22 de septiembre y son señalados de participar en manifestaciones violentas en la provincia de Imbabura, por lo que se los acusa de terrorismo.
Sin embargo, según el argumento que presentaron sus abogados, prácticamente ninguno de los procesados participó en el incendio de las instalaciones de la Policía Nacional, ni tampoco destruyeron ninguno de los vehículos particulares y públicos que fueron incinerados.
Pasaban por ahí
Según los abogados de los detenidos, el único error que cometieron sus clientes fue estar en el lugar no indicado, en el momento equivocado; por ejemplo, Diego López, quien es albañil, salió a ver sus herramientas cuando los policías lo detuvieron.
Mientras que Luis Moreta tenía una cita con su esposa, para comer en “un chifa”, en medio de su jornada laboral, en ese momento fue detenido.
Elvis Lachimba, por su parte, fue apresado cuando se dirigía a la florícola donde trabaja, para retirar una moto que le iban a prestar.
De igual forma, José Amaguaña, según su abogado, tampoco participó de las manifestaciones, fue detenido cuando se dirigía a una farmacia, para comprar una vitamina para su hija, que está embarazada.
Solo el abogado de Luis Cruz y Juan Sebastián Muenala no negó que sus clientes podrían haber participado de su derecho a la protesta social, pero, según dijo, esto no los convierte en terroristas, pues no existen pruebas de que participó en la destrucción de las instalaciones de la Policía Nacional en Otavalo.
“La justicia está siendo selectiva en este caso, por ser pobres e indígenas, se les acusa de terrorismo”, afirmó el abogado.
Fiscal recalcó la violencia
Galiano Balcázar, fiscal del caso, señaló algunos elementos por los que, a los 12 procesados no se les debería retirar la prisión preventiva, pues los calificó como personas que actúan con violencia desmedida, por la forma en que destruyeron el comando de Otavalo.
Esta violencia se habría puesto en evidencia en la quema de los dos edificios policiales y de 25 vehículos que se encontraban en el lugar, incluida una maquinaria pesada que había sido incautada porque era usada para el cierre de las vías.
“Destruyeron y derivaron el portón de ingreso vehicular, las paredes del cerramiento principal y posterior del comando de la Policía; destruyeron las oficinas de la Policía de Otavalo; se sustrajeron inclusive documentos y evidencia que se encontraban en el lugar; además, incendiaron varios vehículos y motos”, recalcó el fiscal.
Policías los reconocieron
Durante la audiencia también se conocieron los partes policiales en los que se señaló que al comando llegaron cerca 300 personas, que superaban en número a los uniformados, por lo que se replegaron y solo lograron detener a 12, que eran, según señalaron, los que incitaban la violencia.
Aunque los abogados de los procesados aseguraron que a sus defendidos no se les encontró “ni una catapulta”, el fiscal del caso y los partes policiales señalan que para atacar las oficinas policiales se usaron explosivos, bombas molotov, palos, piedras, voladores, escudos metálicos, entre otros.
Se extiende la prisión preventiva
Al menos ocho días más estarán detenidos los 12 de Otavalo, mientras se realiza el mecanismo de diálogo intercultural, necesario en los casos que involucran a personas procedentes de comunidades indígenas.
Tras escuchar a los abogados de los 12 procesados y al fiscal del caso; el juez Fernando Sánchez decidió suspender la audiencia, por al menos ocho días, que durará el proceso de diálogo intercultural.
Este mecanismo, en el que participarán los procesados y sus abogados, un mediador y los dirigentes de las comunidades indígenas, incluye una pericia intercultural en la que los peritos deberán comunicar criterios de cosmovisión que aporten a la decisión del juez.
Fue recurrente durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva la queja de los abogados, pues la detención y audiencia de flagrancia de sus defendidos se habrían realizado sin el mencionado diálogo intercultural, lo cual podría desencadenar en la ilegalidad del proceso.
En estos ocho días también se realizarán análisis médicos a los detenidos Luis Cruz, quien tendría autismo; y a Berni Anchundia, que poseería un 40% de discapacidad intelectual.
El paro se mantiene en Imbabura
Ante unas 5.000 personas, las bases de los pueblos Karanki, Otavalo, Natabuela y Kayambi, que se reunieron en el Parlamento Indígena, efectuado en Otavalo, decidieron que el paro en Imbabura se mantiene.
Sin embargo, las comunidades señalaron que durante el fin de semana se instalarán en asambleas locales, en las que definirán la propuesta que llevarán el lunes 20 de octubre, a las mesas de diálogo que se instalarán con los representantes del Gobierno nacional, de las que saldrán las resoluciones que definirán sus posturas ante el presidente Daniel Noboa.
El Parlamento indígena se desarrolló después de que, en una marcha pacífica que recorrió las calles de Otavalo, se rindió un homenaje póstumo a Efraín Fuérez y José Guamán, quienes murieron en los enfrentamientos contra militares y policías.
José Guamán, un joven de 32 años, dejó huérfanos a dos niños, de ocho y un año; según lo recalcó Bryan Muisín, presidente de la Unión de Comunidades de San Rafael de la Laguna, parroquia a la que pertenecía el comunero fallecido.
