Los archivos históricos y los museos tienen como primera misión ser custodios de bienes del patrimonio histórico-cultural de pertenencia colectiva. Tienen la obligación de preservar, cuidar y garantizar la integridad de esos testimonios de la historia. De la misma manera que un banco tiene como obligación cuidar los dineros de sus depositantes, un archivo histórico o un museo tienen el deber de pasarnos cuentas al detalle sobre el estado de conservación de los depósitos de nuestros bienes culturales.
Claro, debo señalar dos grandes diferencias: 1) Si notamos que en nuestras cuentas bancarias falta un centavo, el reclamo al banco es inmediato. Pero si algo llega a faltar o corren riesgo de pérdida nuestros bienes culturales, pasan desapercibidos, nadie reclama ni pide cuentas detalladas, o lo hacen tardíamente -como ocurre con la destrucción el sitio arqueológico de Pirincaiy, y 2) Si se pierde dinero, finalmente podrá ser recuperado, pero si se destroza un bien o acervo cultural, el daño será irreversible.
Y al parecer en esto de la pertenencia patrimonial, aún subsiste en la institucionalidad cultural y en ciertos GAD municipales, el absurdo de creer que ellos son los dueños y pueden disponer -sin consultas ciudadanas, sin transparencia de sus actuaciones- lo que se les ocurra con esos bienes del patrimonio de la Nación.
Es muy grave lo que viene ocurriendo en el Archivo Nacional de Historia de Cuenca de la Casa de la Cultura núcleo del Azuay. Ya lo advertí en un artículo mío intitulado “¿Insensatez?” publicado el 15 de junio en diario El Mercurio y que cuestiona la forma cómo se viene procediendo en la digitalización de los bienes del Archivo: a cargo de una corporación religiosa extranjera que pasa a ser la única propietaria de los documentos digitales y a la que habrá que pedirle autorización para el uso de los mismos. Y lo más grave: sin protocolos técnicos para la selección, manipulación y procesos de digitalización.
Los directivos de la Casa han confundido ser custodios de un acervo histórico documental con ser dueños del mismo. Han confundido ser responsables del buen manejo técnico en la preservación de esos documentos, algunos de ellos centenarios, con improvisar acciones que ponen en riesgo a los mismos. Confunden ser custodios de ese archivo -por mandatos constitucionales y de las leyes- a sentirse propietarios privados; ser servidores públicos al cuidado de unos bienes de pertenencia de Cuenca y del país, a tomar decisiones autoritarias sin socialización y violando el derecho ciudadano al acceso y transparencia de la información.
Un grupo de ciudadanos hemos interpuesto una acción de protección. Este martes 29 a las 15h30 será la audiencia pública en la sala No. 210 en el segundo piso del bloque “A” del Complejo Judicial. Bienvenidos quienes deseen sumarse a esta causa como amicus curiae, acción que no pretende molestar a ninguna persona en particular, simplemente nace de un deber cívico-ciudadano de defensa de un patrimonio y de la soberanía de la ciudad sobre un acervo que le pertenece.
