La asambleísta por el Azuay, Camila León, presentó el proyecto para reformar el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El artículo hace referencia a las contravenciones de cuarta clase, cuando una persona profiere expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra, ya sea mediante lenguaje violento, agresivo, vulgar u hostil.
A este numeral vigente, la legisladora de ADN plantea añadir el siguiente texto:
“la o el juzgador deberá verificar si las manifestaciones objeto del proceso corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, respecto de asuntos de interés público o de críticas dirigidas a las servidoras o servidores públicos en el marco de sus funciones oficiales, aplicando los estándares constitucionales e interamericanos que reconocen una protección reforzada”.
Para el juzgamiento de tales hechos, las y los operadores de justicia deberán aplicar un test de proporcionalidad.
Este deberá basarse en los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, de conformidad con los estándares desarrollados por la Corte Constitucional del Ecuador y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión.
De manera particular, en contextos que involucren críticas a funcionarias o funcionarios públicos.
León defiende su propuesta
Según León, “actualmente el COIP mantiene vacíos que podrían permitir que, por medio de la ley, se persiga o incluso se intimide a quienes denuncian actos de corrupción o a quienes se oponen al poder. La cuestión aquí es proteger al periodismo”.
La propuesta de la legisladora Camila León se presenta en medio de graves cuestionamientos a funcionarios de Gobierno, asambleítas de ADN y el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, denunciados por presuntos vínculos con personas investigadas por la ley.
El proyecto ingresó el 15 de enero de 2026 y debe pasar por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para saber si entra o no a trámite ante el Pleno de la Asamblea.
Cuestionamiento a la propuesta de León
La especialista en Derecho Constitucional, María Dolores Miño, cuestionó que León presente un proyecto de reforma al COIP sobre libertad de expresión con relación a discursos sobre funcionarios públicos.
A la abogada Miño le preocupa la propuesta porque desde hace más de 30 años los órganos de Derechos Humanos han sido categóricos en que la vía penal para criminalizar discursos relativos a funcionarios públicos “es anticonvencional”.
Y le recordó que, desde hace varios años, Ecuador también las eliminó.
En esta línea, según Miño “nunca un discurso sobre un funcionario público, aún cuando hiera u ofenda, puede sancionarse penalmente”.
La docente e investigadora sostiene, además, que el hecho que la legisladora de ADN pretenda reincorporar este tema de nuevo al COIP parecería ser “de entrada anticonvencional e inconstitucional”.
Sobre posición de funcionarios públicos
También le recordó a León que los funcionarios públicos están en esa posición por voluntad propia y que, al asumir sus cargos, van a estar, necesariamente, sometidos a un escrutinio ciudadano riguroso.
Por tanto, las críticas a sus funciones “son discursos especialmente protegidos”.
Agregó que la protección especial no solo alcanza a los discursos neutros, sino a aquellos que chocan, ofenden o perturban, pues usualmente las denuncias sobre falta de idoneidad o incapacidad, corrupción y afines siempre son hirientes para el funcionario que las recibe.
La especialista en Derechos Humanos espera que la propuesta de modificación no pretenda nuevamente incorporar una norma cuya consecuencia posiblemente sea un nuevo Caso El Universo.
Miño recordó que, en este caso, el expresidente, Rafael Correa, denunció penalmente a Emilio Palacio y a los directivos de ese Diario por un artículo de opinión que le ofendió.
“No regresemos a esas cavernas, por favor”, solicitó la constitucionalista.
Finalmente, la investigadora cuestionó el momento en el que Camila León hace la propuesta, “justo cuando hay cuestionamientos contra sus copartidarios y funcionarios afines sobre posibles vínculos con el crimen organizado”.
Según la abogada, esto podría dar a pensar que lo que quieren es amenazar a la ciudadanía para que deje de criticar y cuestionar. “Quiero creer que no será así”, finalizó en su análisis. (I)
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