La máxima representante de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), Daniela Limongi, acudió a la Fiscalía de Azuay para el reconocimiento de firmas dentro de la denuncia presentada el 11 de marzo de 2026 por presunto delito contra el río Cuenca, por descargas de aguas residuales sin tratar por parte de ETAPA EP.
La directora ejecutiva, también presentó un alcance a la denuncia en respuesta a las declaraciones públicas de la gerente de ETAPA EP, María Verónica Polo, en las que señala que el río tiene fines recreativos, “minimizando la infracción”.
Según Limongi, “la normativa ambiental ecuatoriana establece que incluso para uso recreacional existen límites máximos permisibles de calidad del agua que deben cumplirse para proteger la salud de las personas y los ecosistemas”.
La funcionaria refirió que el agua es patrimonio nacional estratégico y que su protección es una prioridad para el Gobierno central.
Desde ARCA se indicó que continuará ejerciendo sus competencias “para garantizar la protección de los recursos hídricos y el derecho a un ambiente sano”.
Antecedente de la denuncia
El 11 de marzo de 2026, ARCA presentó una denuncia por una presunta contaminación desde la planta de tratamiento de aguas residuales de Ucubamba al río Cuenca.
Según la entidad de Gobierno, las descargas se hacen de manera irregular «contaminando el agua que consumen los cuencanos».
El Presidente de la República, Daniel Noboa, en entrevista con Diario El Mercurio insistió en esta postura y acotó que la cantidad de bacteria E. coli es alta en el río Cuenca.
La gerente de ETAPA, María Verónica Polo, y el Prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, cuestionaron estas posturas y defendieron la calidad del agua del río. (I)
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