Que se respeten los resultados de las consultas populares de Girón y Cuenca en contra de la minería, y, que las autoridades locales se comprometan en la defensa del agua.
En eso se resumen las exigencias de las organizaciones que participaron ayer en una marcha por las calles del Centro Histórico.
En el parque San Roque inició la marcha con la presencia de colectivos de Cuenca, Girón, Nabón, Sígsig, entre otras localidades azuayas.
Sus integrantes llegaron a los bajos de la Prefectura, Municipalidad y la Gobernación para entregar manifiestos públicos con una serie de exigencias.
Pedidos a Prefectura por minería
Fredy Quilambaqui, quien es el representante de los movimientos sociales del cantón Sígsig, fue el encargado de entregar los pedidos a la Prefectura.
Se solicita -por ejemplo- un pronunciamiento claro y preciso sobre sus competencias en defensa de los páramos y ríos. Además de que se convoque a la Cámara Provincial para una sesión donde se tomen decisiones en contra de la minería.
Trosky Serrano, secretario general del GAD Provincial, recibió el petitorio porque no se encontraba en ese momento Juan Cristóbal Lloret, prefecto del Azuay.
Serrano aseguró que todas las decisiones que se toman desde la institución se las sustenta en la protección del medioambiente.
Esperan que Municipio intervenga para respetar consultas
Las organizaciones continuaron el trayecto hacia el Municipio con la expectativa de reunirse con Cristian Zamora, alcalde de Cuenca. Sin embargo, esto no fue posible y optaron por informar las exigencias.
Precisamente, Nidia Solis, feminista y defensora del agua, se refirió a estas que tratan sobre que el Concejo Cantonal debe elaborar un comunicado público por la defensa del agua.
De la misma manera se exija al Ministerio del Ambiente (MAATE) que conjuntamente con la Empresa Municipal ETAPA EP formulen acciones para evitar la minería.
Asimismo, blindar las zonas de recarga hídrica, incluir en el plan estratégico de ETAPA EP la defensa de las fuentes de agua frente a la minería, elaborar una ordenanza para la protección de los páramos.
También que se respete el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) donde constan los resultados de la consulta popular.
Solicitudes al Gobierno Nacional para frenar la minería
Finalmente, la marcha arribó a la Gobernación con el afán de entregar el último manifiesto para que, desde esta institución, se lo compartan a la Presidencia de la República.
Empero, Santiago Malo, gobernador del Azuay, tampoco estuvo en el lugar para atenderlos.
Miriam Quezada, del Gobierno Comunitario del Agua del Azuay, informó cada una de las demandas que van desde que no se enjuicie a los defensores del agua.
Respete la voluntad popular de las comunidades
Igualmente que se respete la voluntad popular y la seguridad jurídica, controlar de forma efectiva en coordinación con las comunidades los focos de minería informal, se abstengan de otorgar nuevas concesiones o licencias para nuevas fases de la actividad.
Y, que se realice una investigación en las instituciones públicas del Azuay por sospechas de una aparente red de corrupción vinculada a la minería informal. -(I)
Amenazan al alcalde de Sígsig
En el cantón Sígsig la situación se complica con la presencia de la minería en la zona alta. Su alcalde David Duchitanga teme por su vida y de sus funcionarios porque estarían recibiendo amenazas por enfrentar esta actividad.
“Hay actitudes muy sospechosas donde a nosotros nos están persiguiendo. Hemos recibido llamadas, mensajes y visitas a nuestras casas de personas que nos tratan de asustar”, comentó Duchitanga.
El alcalde también ha pedido resguardo policial por estas situaciones, e, inclusive el propio sistema de Inteligencia del Gobierno le advertido que su vida se encuentra en peligro.
Cuestionamientos de asambleísta Castro
Por otro lado, se refirió a los cuestionamientos de Adrián Castro, asambleísta del Azuay, sobre el trabajo que se cumple en la zona para enfrentar la minería.
Castro está solicitando información al alcalde Duchitanga al respecto porque, según su criterio, no se realiza nada para frenar la contaminación en el río Santa Bárbara. (I)
DETALLES
2 resoluciones judiciales existen para suspender el proyecto minero Loma Larga (Kimsacocha). En la última resolución se pide que se cumplan con procesos como consulta previa y ambiental.
Las organizaciones cuestionan el intento de realizar estas consultas con ciertos sectores, y, no con todo el cantón Cuenca para decidir el futuro de este proyecto.
Yaku Pérez, activista y abogado de los colectivos, aseguró que se presentó la semana pasada un petitorio en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que no se de minería en Kimsacocha.
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