¡La consulta negada!

Una nueva solicitud de consulta popular realizada por el Prefecto Yaku Pérez, para la prohibición de la explotación minera en fuentes de agua en la Provincia del Azuay, acaba de ser negada por la Corte Constitucional; una negativa que se sustentaría una vez más, según los argumentos de esta institución de control constitucional, en el incumplimiento de ciertas formalidades jurídicas en la redacción de las preguntas para dicha consulta.
Sin embargo, más allá del debate en torno a la legalidad de las preguntas, es innegable que, tras esta nueva negativa a la propuesta de consulta sobre el tema minero en Azuay, subyacen poderosos intereses políticos y económicos que, incluso en la eventualidad de que las preguntas cumplieran con la formalidad legal, harían improbable que la Corte Constitucional en algún momento de paso a la consulta.
Los intereses políticos tienen que ver, sobre todo, con el tipo de modelo económico impulsado por el Gobierno de Moreno; un modelo orientado al fortalecimiento de la producción primario-exportadora, y dentro de ésta la extracción de recursos mineros y petroleros (modelo extractivista); un modelo que cobraría más fuerza con la orientación cada vez más neoliberal que ha ido adoptando la política económica del Gobierno; además de que su estrategia es clara, convencer a la población de un falso dilema: si no se impulsa la minería legal vendrá inevitablemente la minería ilegal.
En cuanto a los intereses económicos, a los que buscaría de responder el régimen actual, estos tienen que ver sobre todo con los ligados al capital extractivista, especialmente las empresas mineras trasnacionales, que han recibido también el apoyo de algunos gremios que representan al gran capital nacional. Y es que en la lógica de este capital pareciera que todo vale para cumplir el objetivo de acumular más riqueza, sin que en su” racionalidad económica” tenga cabida el respeto a los derechos constitucionales de la naturaleza y al derecho humano al agua.
En este escenario la única posibilidad de que una nueva solicitud de consulta popular pueda prosperar, sobre este tema, dependerá de una acción más activa y concertada de las diversas fuerzas sociales de la Provincia del Azuay y ya no sólo de la acción protagónica de su Prefecto. (O)