La preocupación expresada por el ministro del Interior, Juan Zapata, ante la potencial expulsión de entre cinco y seis mil venezolanos desde el Perú, al no poder regularizar su permanencia en este país, hizo efecto “casa adentro”.
Según el funcionario, debía crearse, junto a Colombia, un “corredor humanitario” previa coordinación con sus autoridades. Esto permitiría a los venezolanos retornar a su país, del cual han inmigrado en los últimos años alrededor de siete millones, dadas las extremas condiciones de pobreza, persecución y hostigamiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
De esa forma, los inmigrantes aludidos no podrían quedarse en el Ecuador, donde residen, entre regularizados o no, sobre el medio millón.
Es más, según Zapata, la Ley de Movilidad del Ecuador prohíbe exigir a cualquier extranjero su pasado judicial.
El país conoce los efectos nocivos de esa disposición, aprobada a pretexto de la “ciudadanía universal”.
Eso del pasado judicial podría generar las más variopintas interpretaciones, mucho más si en estos últimos días en Loja fue detenido uno de los cabecillas de la banda narcocriminal “Tren de Aragua”, gestada en Venezuela, y cuya base de operaciones estaría en el Perú.
A nadie se le pueden considerar per sé como delincuente o miembro de esa banda; pero en el Ecuador hay antecedentes de inmigrantes venezolanos involucrados en delitos, como sucede en otros países. Esto, lamentablemente, genera incertidumbre. No debe ser así, pero la realidad conduce a ello.
Empero, el barullo armado por Juan Zapata fue “dado de baja” de inmediato por la viceministra de Seguridad Ciudadana, Sandra Molina, para quien el éxodo migratorio de venezolanos desde el Perú “es baja”. Mucho peor es necesario activar un corredor humanitario, si bien se monitoreará la frontera, atestada de pasos clandestinos.
Las contradicciones dentro del Gobierno, en este caso en un tema tan delicado, generan desconfianza y malos entendidos.
