Un informe de la Contraloría General del Estado pone en aprietos financieros a la Municipalidad de Cuenca.
La derogada Ley de Régimen Municipal preveía rebajas porcentuales en los primeros seis meses de cada año a favor de los contribuyentes del predio urbano. Mientras más pronto lo pagaban, el descuento era mayor.
Con la vigencia del Cootad se eliminó esa prerrogativa; pero, a juzgar por los hechos, la Municipalidad los mantuvo en base a una ordenanza.
Los Concejos Cantonales, de acuerdo al Cootad, tienen como atribución regular, mediante ordenanza, la aplicación de los tributos previstos en la ley a su favor.
Empero, según el citado informe, aquellas rebajas no son legales. Por lo tanto, la Municipalidad está obligada a recuperar los montos no cobrados. Son cerca de 300 mil títulos correspondientes a 60 mil contribuyentes. En moneda, representa 2,2 millones de dólares.
El alcalde Cristian Zamora está contrariado. Pero debe disponer el inmediato reembolso. No lo puede esquivar, y así lo reconoce, si bien pedirá más explicaciones a los auditores.
Pero, ¿cómo cobrar a quienes, beneficiándose de los descuentos, vendieron sus predios, los heredaron o fallecieron? Esta es la mayor preocupación del alcalde.
Si aquello es un “dolor de cabeza”, con mayor razón otra parte del informe: cobrar por obras consideradas como de beneficio general, construidas en la ciudad, a los habitantes de las parroquias rurales por medio del impuesto al predio rústico.
Esto último sí parece ser un desaguisado. Por ejemplo, un habitante de la parroquia Chaucha debe pagar por la construcción de un puente en Cuenca. Tamaño despropósito, incompatible hasta con el sentido común, peor con la realidad social de las áreas rurales.
Las protestas de los concejales representantes de la ruralidad no se han hecho esperar.
El pleno del Concejo Cantonal, con el alcalde a la cabeza, deben tomar cartas en el asunto; pues estaría en entredicho la autonomía municipal.
