El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta del Supremo, Rosa Weber, inauguraron este 1 de enero de 2023 el año judicial con un fuerte mensaje en defensa de la democracia y una dura condena a los golpistas que el 8 de enero asaltaron los tres poderes de la Nación.
En la ceremonia también estuvo presente el jefe del Congreso Nacional, Rodrigo Pacheco, en representación de la otra institución que ese mismo día tuvo su sede ocupada y destrozada por activistas de la ultraderecha que lidera el exmandatario Jair Bolsonaro.
Lula, en un breve discurso, reiteró que con «ese bárbaro asalto a los poderes de la Nación, la violencia y el odio mostraron la cara más absurda del terror«, en un «episodio cultivado con sucesivas embestidas» para intentar «consolidar un proyecto autoritario«.
Weber aseguró que el «ataque golpista e innoble cometido con la mayor violencia» por el «fanatismo ignorante», no fue «capaz de destruir el espíritu de la democracia y el Estado de Derecho», que «sigue iluminando el corazón y las mentes» de los miembros de todos los poderes de la República brasileña.
«Ese ultraje a las instituciones» cometido por «una turba insana movida por el odio, la irracionalidad y la ignorancia, sólo podía llevar a lo que ocurrió, el enaltecimiento de la Justicia y el fortalecimiento del espíritu democrático», sostuvo la magistrada.
También declaró que «nada ameniza ese ataque cobarde nunca antes perpetrado» contra la democracia brasileña y garantizó que todos los responsables responderán ante la Justicia.
«Si alguna duda o dificultad de comprensión acaso planea sobre lo que digo, sepan que, una vez erguida la justicia, todos los que concibieron ese ataque, lo practicaron, lo insuflaron o lo financiaron, serán responsabilizados con todo el rigor de la ley«, dijo en medio de prolongados aplausos.
La presidenta del Supremo apuntó que «solo así estará reafirmado el orden constitucional» y aseguró que los juicios a esos «vándalos insanos» serán realizados «siempre con el respeto al debido proceso legal» y con «resguardo de todas las garantías a la amplia defensa, como exige y prevé el proceso penal de índole democrática».
Por los ataques de lo que ahora se conoce como «8-E» fueron detenidas hasta ahora unas 1.800 personas, de las cuales un tercio continúa en prisión y el resto responderá a los correspondientes procesos en libertad.
Las investigaciones continúan y ahora le apuntan sobre todo a quienes financiaron el movimiento golpista, que se estructuró en campamentos montados frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia después de las elecciones de octubre, en las que Lula se impuso a Bolsonaro con una diferencia de 1,8 puntos porcentuales.
Hasta hoy, Bolsonaro no ha reconocido explícitamente su derrota en las urnas y el 30 de diciembre pasado, dos días antes de la investidura de Lula, viajó a Estados Unidos, donde permanece sin aclarar cuándo pretende regresar a Brasil.
El exmandatario figura entre las numerosas personas investigadas por la Justicia, que intenta determinar si su desconocimiento de los resultados electorales ayudó a promover el intento golpista. EFE
