Hablo en esta ocasión de la seguridad jurídica, indispensable para la vida en democracia y el desarrollo de las distintas actividades dentro del Estado.
Quisiera referirme a cuestiones positivas, pero es que en este maravilloso país, hay gente que nos roba la tranquilidad y pretende seguir incrementando la inseguridad. En la anterior entrega nos referimos a uno, hoy, a quien preside otro Consejo, el de Participación Ciudadana y Control Social, que también tiene el título de abogado, pero que parece no conocer el principio básico de la jerarquía jurídica y normativa, pues asume que el CPCCS o la decisión de un juez de primer nivel tiene más peso que el Pleno de la Corte Constitucional. Lo demostró al conformar veeduría para el supuesto plagio de la tesis de la Fiscal General y ahora para evaluar las actuaciones del CPCCS transitorio, existiendo expresa prohibición para ello.
Es otro caso de vergüenza ajena, lo digo como profesional del derecho.
La Corte Constitucional tiene la palabra. (O)