En el año 2021, Ecuador recibía la buena noticia de integrar el top 25 de los países más
atractivos para las inversiones mineras, de acuerdo con el índice del Fraser Institute de
Canadá. Un año después, el país salió de dicho ranking, debido a la incertidumbre, la
inestabilidad política y la inseguridad jurídica.
En la actualidad, las actividades mineras están condicionadas a pedidos de consulta
popular, decisiones judiciales y la oposición de grupos ambientalistas y sociales. Estos
factores han logrado incidir en nuevas decisiones legales que se dan años e incluso
décadas después del establecimiento de las inversiones en el país y al margen del marco
regulatorio que se firmó con el Estado. Esta inseguridad jurídica ha generado una incómoda
herencia, ya que Ecuador debe gastar millones de dólares en demandas internacionales
perdidas. Resulta alarmante que, por la inseguridad jurídica, los gobiernos deban reservar
un fondo del Presupuesto General del Estado para responder a estas demandas, quitándole
así los ingresos que necesitan los sectores de la salud, educación, seguridad, etc.
En el año 2022 Ecuador registró una desinversión de USD 190 millones, según datos de la
Cámara de Minería del Ecuador. Una noticia lamentable cuando el desarrollo de la industria
minera legal, regulada y responsable con el medioambiente, tiene todo el potencial para ser
la principal captadora de capital privado. Inversión que se traduce en miles de empleos
formales, millonarios ingresos para el Estado por concepto de impuestos, la diversificación
de las exportaciones no petroleras, la reducción de la pobreza y más.
Carece de sentido que la lucha anti minera haya llegado a ahuyentar las inversiones de
otros sectores productivos e incluso sociales. Desde hace dos años el país no puede emitir
Licencias Ambientales para proyectos, porque no se ha podido avanzar con la Consulta
Ambiental. Entre las 176 obras hoy paralizadas, que contemplaban USD 2.000 millones, se
incluyen hospitales, plantas de tratamientos de agua, proyectos de transmisión de energía,
camaroneras, haciendas turísticas y más.
La falta de Consulta Ambiental mantiene congelados cerca de USD 500 millones que se
esperaban de los proyectos mineros Curipamba en Bolívar y La Plata en Cotopaxi. A la lista
de millonarias inversiones paralizadas se suma el proyecto Loma Larga en Azuay, el cual
tras el reciente dictamen de la Corte Provincial de Justicia del Azuay quedó suspendido
hasta aplicar la Consulta Previa, y posteriormente la Consulta Ambiental; así, USD 400
millones de capital es negado a la población.
No se puede seguir arrebatando a la población las oportunidades que tiene por derecho. La
minería es la clave, pero para su correcto desarrollo se requiere del apoyo a la minería
legal, a la promoción de la estabilidad jurídica, a una correcta política minera, y al diálogo
transparente y técnico. Lo contrario no sólo ahuyenta a las inversiones, también le abre de
par en par las puertas a la minería ilegal. (O)
