Ecuador cierra un 2023 convulso en lo político, complicado en lo económico, y en medio del escándalo desatado tras una investigación de la Fiscalía que, por el momento, ha provocado la renuncia -desde prisión- del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.
El año comenzó mal para el entonces presidente Guillermo Lasso, a quien el electorado castigó en febrero en las urnas al votar mayoritariamente «No» en las 8 preguntas de un plebiscito sobre seguridad, democracia y medioambiente, mientras la oposición salía fortalecida en las elecciones locales, realizadas a la par.
Sin lograr aún Lasso recuperarse de ese golpe político, salió a la luz un caso de presunta corrupción en empresas públicas en el que se mencionaba a su cuñado Danilo Carrera, quien ahora cumple arresto domiciliario mientras continúan las investigaciones.
A ello le siguió la divulgación de un informe policial archivado un año atrás sobre una investigación a una presunta red de narcotráfico, que tenía entre sus objetivos de seguimiento al empresario Rubén Cherres, otro personaje cercano al oficialismo y supuestamente también a Carrera, y que fue asesinado en marzo.
Esto llevó a la entonces Asamblea Nacional de mayoría opositora, a formar una comisión para investigar los hechos y realizar un informe que recomendó abrir un juicio político de censura a Lasso, que rechaza toda acusación de presunta corrupción.
Muerte cruzada
Lasso esquivó la destitución en la Asamblea y luego la disolvió cuando se aprestaba a votar en el juicio, y echó mano, por primera vez en la historia, de un mecanismo constitucional conocido como «muerte cruzada», con lo cual pidió la convocatoria a elecciones generales extraordinarias, acortando así su propio período, que debía terminar en mayo de 2025.
Ocho candidatos buscaban suceder a Lasso, entre ellos Fernando Villavicencio, un exasambleísta conocido por sus investigaciones y denuncias de corrupción en distintos ámbitos, quien contaba con resguardo oficial porque había recibido amenazas de muerte.
Pese a ello, fue asesinado el 9 de agosto al ser acribillado a tiros a la salida de un mitin electoral en Quito.
El crimen fue presuntamente ejecutado por un grupo de siete colombianos sin que ninguno de ellos quede con vida, después de que el supuesto autor de los disparos fuese aparentemente abatido en el lugar del atentado y los otros seis fuesen asesinados dentro de la cárcel.
También apareció muerto en otra cárcel uno de los otros siete procesados que fueron incluidos en las investigaciones, algunos de ellos ya privados de libertad en cárceles controladas presuntamente por la banda criminal Los Lobos, una de las más grandes que opera en el país, que vive una de las peores crisis de violencia de su historia.
En el balotaje presidencial, el joven empresario Daniel Noboa se impuso a la correísta Luisa González, y deberá gobernar Ecuador hasta mayo de 2025, aunque no descarta presentarse a la reelección.
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Crisis económica
Al asumir el cargo el pasado 23 de noviembre, en medio de una crisis energética, Noboa encontró una «grave situación económica», con un déficit fiscal proyectado para el cierre del año 2023 superior a «los 5.000 millones de dólares, es decir, el 5 % del PIB (producto interior bruto) de Ecuador.
Según el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, el Gobierno acumula atrasos en pagos por más de 4.000 millones de dólares, y cree que «a duras penas» se llegará a 1,5 % de crecimiento del PIB este año, frente a la proyección inicial, que ascendía a 3,1 %.
En diciembre, el Gobierno recibió un respiro con la aprobación en la Asamblea de la «Ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo», que prevé deje unos 800 millones de dólares para el presupuesto.
Escándalo judicial
El año cierra en medio de una de las mayores investigaciones de un presunto entramado de corrupción en el llamado caso «Metástasis», en el que han sido mencionados jueces, fiscales, abogados, policías, periodistas y criminales, entre otros, y que tiene entre sus protagonistas a Leandro Norero, investigado por narcotráfico y asesinado en la cárcel.
Varias de la treintena de personas investigadas en el caso, tienen prisión preventiva, entre ellos Terán, quien ha rechazado toda vinculación con actos de corrupción en el sistema judicial, y que renunció desde la cárcel para defenderse «como ciudadano».
Entre tanto, la ciudadanía sigue con estupor el caso en el que se menciona, entre otros, que Norero supuestamente pagó el arreglo de vehículos de la Policía, o que aparentemente financió estudios del hijo de un policía en el exterior, y en el que se investiga la presunta entrega de dinero para la liberación de presos. EFE
