Como pocos en el continente, el Ecuador debe ser el país donde la prórroga de funciones de las más altas autoridades del Estado resulta común y corriente.
A pocos parece sorprender esa situación, reveladora, hasta la saciedad, del poco interés por la institucionalidad, del intento denodado por controlar instituciones claves. En estas se buscan armar mayorías afines a determinados sectores políticos, identificados claramente, ya ni siquiera con algo de vergüenza. Sus actuaciones, en especial en la Asamblea y en el Consejo de Participación Ciudadana, son evidentes.
Como pocas veces ha ocurrido, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ahora forma parte del séquito de instituciones cuyos presidentes o vocales están funciones prorrogadas, en algunos casos desde hacía varios años, como ocurre en el CNE.
La elección del presidente de la CNJ parece una especie de “juego de tronos”. Para el asombro.
A la pretendida reelección se sumó la alternancia; también el apremio por cuanto cuatro jueces estaban por concluir sus periodos y debían votar.
No fue posible en el primer intento. Se ahondó la polémica, la interpretación de la ley en cuanto a los tiempos de la elección, de si cabía la prórroga, o el encargo al juez más antiguo. En este caso tampoco hay certeza entre dos posibles.
Decimos de asombro por cuanto los “más altos magistrados”, para salirse del atolladero consultaron al Procurador General sobre si es posible la prórroga.
En el segundo intento tampoco fue posible; pero el Procurador avaló la prórroga, favorable para el presidente en funciones; igual para los jueces cuyos periodos terminan hoy, en tanto el concurso para elegir a los nuevos está en veremos en la Judicatura, cuyo control se quiere retomar impulsando juicios políticos a uno de sus vocales, mientras otro actúa desde la cárcel.
Como tal pronunciamiento es vinculante y obligatorio, la prórroga del actual titular de la CNJ será un hecho a partir de hoy, siempre y cuando no ocurran otras sorpresas.
