Los graves procesos de la crisis institucional que sufre el Estado son la consecuencia directa de la crisis ética que atraviesa la sociedad ecuatoriana, el delito común que hasta el 2007-2012 se controlaba con la acción policial y en especial la manera oportuna y en general proba del sistema judicial y la fiscalía como los organismos estatales de control, experimentan luego un muy grave deterioro a partir de la vigencia del COIP año 2014 y la anterior expulsión de la base de Manta que marca el declive y progresiva erosión de la seguridad jurídica por el impacto del crimen organizado.
No es un dogma lo que señalo, pero en las relaciones sociales sus procesos son el resultado de causas objetivas, como la decadencia política, efecto del auge populista, la corrupción de los partidos políticos, objeto de captación de los inversionistas electorales y las mafias que destruyeron uno de los pilares de la institucionalidad del estado como es la formación doctrinaria de la militancia partidaria, el civismo es sustituido por el mercantilismo electoralista, el perfil de los candidatos cae en picada por el dominio del oportunismo y la venta de conciencias. Como caso puntual veamos la composición de la Asamblea, salvadas las excepciones que brillan por su autenticidad y que son una minoría, encontramos un conjunto menos que mediocre…
Así de nefasta es la realidad de las funciones estatales.
Si no participan, elegimos o designamos juristas y políticos de alto nivel que legislen o ejerzan con probidad sus funciones de qué hablamos.
Requerimos entonces la necesaria transformación institucional que comienza por el cambio profundo de la mentalidad ciudadana que defina la recuperación ética de la familia, institución matriz de la sociedad y de todas sus actividades. Por este camino y sin límite al largo plazo de la historia cabe afianzar el sentido cívico y moral de la vida social. (O)
