Un gobernante, lo menos que puede tener en el ejercicio del poder es un conflicto de interés.

Dícese que un conflicto de esa índole “ocurre cuando una persona (en al ámbito público o privado) tiene un interés personal, familiar o financiero que puede interferir, o aparentar que interfiere, con el cumplimiento imparcial y objetivo de sus deberes profesionales”.

Si alguien de esa cepa busca el poder, desde antes de captarlo se somete al escrutinio público, debe explicar cómo actuará en la toma de decisiones, si optará por deshacerse de sus acciones en empresas u otros negocios de gran envergadura. Esto tampoco significa total transparencia. El “ADN” financiero, de relaciones e influencias es imborrable.

En algunos países iberoamericanos ha habido casos y casos de mandatarios con conflictos de interés. Fue el caso de Sebastián Piñera (+) en Chile; recién nomás el Jail Bolsonaro en Brasil; de Donald Trump en EE.UU. 

Los grandes clanes familiares que son parte de grupos económicos con alto poder e influencia, nunca han renunciado a detentar el mando de un país, sea de manera directa o a través de terceros. Y lo han conseguido.

Es el caso de Santiago Peña, quien se vio obligado a renunciar a la presidencia de Paraguay; pero fue sometido a juicio político, destituido y detenido.

El detonante: la quiebra del Ueno Bank, del cual Peña formó parte como accionista.

Estallado el escándalo, se sabe que ese banco captó depósitos del Instituto de Previsión Social, que administra recursos de jubilación y prestaciones sociales.

Un banco privado con problemas de insolvencia y operaciones con empresas ligadas al grupo económico que lo creó. Una de ellas, créditos aprobados a favor de sus accionistas como habría ocurrido con Peña.

La justicia paraguaya determinará responsabilidades; pero la discusión política se centra en cuál es más corrupta, o la derecha o la izquierda, incluyendo las ultras.