En Cuenca, el encono político corre el riesgo de instalarse quien sabe hasta cuándo, amén de las consecuencias.

El informe de la auditoría realizada al municipio por la Contraloría ha desatado un enfrentamiento verbal cuyo tono elevado; advertencias y conminaciones, además, para nada significan ponderación ni respeto, peor la sana contraposición de las ideas.

El examen abarca dos administraciones municipales. Una de ellas, a la actual.

La manzana de la discordia se relaciona a la observación realizada a la compra de un vehículo blindado para uso del alcalde.

Ha cuestionado no tanto la necesidad para garantizar su seguridad, pero sí al proceso de contratación, habiendo deducido, además, la existencia de presunción penal.

Según el alcalde, no existe en el informe tal señalamiento, y exigirá al gobernador del Azuay que lo demuestre.

Es conocida la enemistad política entre estas dos autoridades. El gobernador, en tanto gobernador, no tendría por qué dar explicaciones, ni es su función, excepto por su calidad de exconcejal y denunciante de la presunta irregularidad en aquella época.

En tales circunstancias es imposible separar las versiones, atizadas, además, por los medios de comunicación, en algunos casos sin el debido contexto; en otros, reflejando, más bien, una soterrada militancia política y animadversión personal hacia el alcalde, incompatibles con el ejercicio periodístico.

La Contraloría ha puesto la denuncia en la Fiscalía, cuyo rol será definir si se configuran o no los indicios de responsabilidad penal.

Aquel informe, más otras acciones que para el alcalde reflejan persecución política en su contra, tampoco pueden derivar en poses de valentía, de creerse el mejor, de ser la víctima; y sin saber si habla el alcalde o el candidato a la reelección.

Todo eso aviva un enfrentamiento pueblerino, como si antes de aquellos contrincantes y sus tiendas políticas, Cuenca no existía.