«Todavía espero su regreso», dice a la AFP Victoria Morales, madre de uno de los 44 muertos en la implosión de un submarino argentino en el Atlántico Sur en 2017, una tragedia por la que son juzgados desde el martes 3 de marzo de 2026 cuatro exoficiales de la Armada.

Morales, como los demás familiares desperdigados en toda Argentina, no pudo acudir al inicio del juicio en Río Gallegos, 3.100 km al sur de Tucumán, donde reside. Tampoco lo vio por videoconferencia. «Es demasiado doloroso. La angustia dejó secuelas cardíacas«, explica por teléfono.

Su hijo, Esteban García, tenía 31 años y dos hijos pequeños cuando se embarcó como tripulante en la travesía fatal del ARA San Juan en noviembre de 2017.

Tras una búsqueda internacional que conmocionó al país, los restos de la nave fueron hallados un año después a más de 900 metros de profundidad y 500 km de la costa de la provincia de Santa Cruz. Probablemente nunca serán reflotados. Tampoco hay certeza sobre por qué se hundió.

Cuando se declaró desaparecido al submarino, Morales y su marido visitaban a su hijo y nietos en la base naval de Mar del Plata, 400 km al sur de Buenos Aires.

«Vimos la noticia por televisión y fuimos bastante ignorantes, acudimos a la base naval creyendo que la Armada nos iba a decir la verdad. Con el tiempo nos dimos cuenta de que mentían», recordó.

«Nos mantuvimos ahí un año con la ilusión de verlos regresar, íbamos a la orilla con mi esposo y cada puntito negro que veíamos en el horizonte nos ilusionaba que eran ellos», contó, con la voz quebrada.

Cada 15 de noviembre, aniversario de la tragedia, repiten el ritual. «Prefiero pensar que está en una navegación eterna, no tenemos una tumba adonde llorar, llevar una flor, una plegaria».

El San Juan, de fabricación alemana, perdió contacto cuando regresaba desde Ushuaia a Mar del Plata luego de reportar un desperfecto eléctrico y un principio de incendio.

«Los familiares siempre pensamos que los íbamos a ver regresar y no fue así, nos quedamos mirando el mar», dijo Morales. «Ahora tenemos esperanza de que haya justicia, tener un poco de consuelo, de paz para poder empezar a cerrar el duelo».

– «Desenlace previsible» –

La hipótesis de la fiscalía y las querellas es que «no se debió a un hecho fortuito sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad que hizo posible el naufragio», según se leyó el martes en el tribunal delante de los cuatro acusados.

El miércoles, el exoficial Claudio Villamide admitió fallas pero aseguró que la nave «estaba en condiciones de navegar».

Villamide, excapitán de navío fue destituido por un consejo de guerra en 2021 y es el de mayor rango entre los acusados.

«Estos ocho años han transcurrido con mucho dolor, incertidumbre, angustia, desazón, tristeza y desamparo de parte de cada gobierno que nos tocó», relata Morales, movilizada por el juicio que espera «ayude a cerrar heridas».

Río Gallegos, de 95.000 habitantes, desolada y fría en pleno verano austral, es indiferente al proceso por la mayor tragedia de la Armada en tiempos de paz.

La ciudad a 2.500 km al sur de Buenos Aires tiene un cenotafio frente al mar que recuerda a los tripulantes muertos.

A las puertas del tribunal una bandera argentina con los rostros de los 44 marineros recuerda «a los héroes en patrulla eterna».

Las audiencias se extenderán hasta julio con unos 90 testigos y se realizarán cuatro días con pausas de una semana.

A los cuatro imputados se los acusa por incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo agravado, delitos con penas de entre 1 y 5 años de cárcel.

«Estamos con expectativa, un poco esperanzados para que esto se resuelva y parte de los culpables paguen, porque hay muchos culpables que están quedando fuera. Sabemos que no son todos los que están ahí», dijo Morales.

Una causa paralela, aún en instrucción, busca determinar responsabilidades en la cadena de mandos superior que llega hasta el expresidente de derecha Mauricio Macri (2015-2019). AFP