Una vez más, declaraciones emitidas desde el más alto nivel del poder han generado una innecesaria fricción con Cuenca, sus instituciones y su ciudadanía. No se trata solo de un error técnico, sino de una forma de comunicar que, lejos de aclarar, alimenta la indignación. Cuando se alude a posibles problemas en una planta de tratamiento como Ucubamba, la responsabilidad pública exige precisión y evitar inferencias que puedan interpretarse como alarmas generalizadas sobre la calidad del agua que consume la población.

La respuesta de ETAPA fue inmediata y sustentada en informes técnicos. No solo desmintió cualquier afectación al agua potable de la ciudad, sino que aclaró un aspecto básico: la planta de Ucubamba no está destinada al tratamiento de agua para consumo humano, sino a aguas residuales. Este no es un detalle menor porque evidencia el descuido y la falta de presición en la voz presidencial. 

El episodio, además, no es aislado. Se suma a una serie de declaraciones previas que han evidenciado fallas en el manejo de información técnica sobre temas locales: desde afirmaciones incorrectas sobre la operación de infraestructuras como la represa Mazar, hasta cuestionamientos sin sustento sobre la gestión ambiental en Quimsacocha. 

El impacto político de estos errores también es medible. La credibilidad presidencial atraviesa uno de sus momentos más bajos, con niveles que rondan el 33% según el CIEES. A esto se suma una reacción ciudadana a la desafortunada acusación que ha sido mayoritariamente negativa: la escucha digital realizada por Golden registra que el 82% de las menciones frente a este episodio expresan molestia o rechazo. En un contexto en el que el gobierno necesita construir confianza para viabilizar sus propuestas, este tipo de intervenciones no solo debilitan su narrativa, sino que erosionan su capacidad de interlocución con la sociedad.